Una nueva iniciativa radicada en el Congreso de la República busca que el Estado sea el comprador y distribuidor de la hoja de coca y la cocaína en el país, para hacerle frente al narcotráfico.
El proyecto de ley fue radicado por los senadores Iván Marulanda, del partido Alianza Verde, y Feliciano Valencia, del partido Mais, con la intención de “regular el mercado doméstico de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivos (cocaína) y no psicoactivos (bebidas, alimentos, cosméticos a base de hoja de coca)”.
Los senadores parten de la premisa que la guerra contra las drogas fracasó. Afirmaron que al narcotráfico se atribuye la muerte de unas 3.800 personas en el 2008, cuesta 1.200 millones de pesos al año y es una de las principales razones del hacinamiento carcelario.
Además, plantearon que el consumo no ha disminuido, pasando de 2.2 a 2.7% en ocho años (2010-2018). La producción de cocaína ha aumentado en un 120%, la calidad pasó de 46.4% a 64.3% y el precio ha estado estable. Todo a pesar de los esfuerzos para combatirla.
De esta manera, el proyecto plantea que el estado colombiano adquiera la hoja de coca y con ella, por un lado, surta de la planta a las comunidades indígenas y campesinas y por otro a los usuarios de cocaína en el país.
“El estado va a comprar la cosecha de hoja de coca que cuesta 2.6 billones de pesos”, señaló el senador Marulanda. Un precio menor al que equivale la erradicación, la cual, según el senador, “al año le cuesta a Colombia 4 billones de pesos y si es con glifosato cuesta cerca de 8 billones de pesos, la fumigación de una hectárea con glifosato cuesta 72 millones de pesos”.
“El estado compra un inventario de producción de hoja de coca a los campesinos y campesinas colombianos y con ese inventario suministra hoja de coca a líneas de producción ancestrales y artesanales de las comunidades indígenas y campesinas, en las cuales se producen alimentos, bebestibles y productos medicinales”, explicó Marulanda.
Por otro lado, el Estado también asume la responsabilidad de suministrar de cocaína, la sustancia psicoactiva derivada de la hoja de coca, a los usuarios o consumidores de ese producto.
“Por otro lado el Estado, con esa hoja de coca, produce la cocaína que necesitan las personas que en Colombia consumen cocaína, por su libertad, el derecho a la libre personalidad, por la libertad que tienen de dirigir los pasos de su vida”, afirmó el senador.
De esta manera, el senador aseguró que los consumidores deberán manifestar su intención de adquirir cocaína, serán evaluados por un médico y este determinará la necesidad para entregarle al paciente una droga que, bajo supervisión estatal, tendrá una alta calidad.
Los médicos también deberán, según el proyecto, hacer seguimiento a los casos y brindar ayuda a los usuarios de sustancias psicoactivas en caso de tener dependencia o afectación psicológica o física producto del consumo.
El proyecto establece que solo los cultivos que se cuentan en el Censo de Cultivos Ilícitos realizado en el 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y estén fuera de Parques Nacionales Naturales estarán permitidos, así como los que estén en resguardos indígenas o pertenezca a personas o comunidades sin ánimo de lucro.
Al igual que otras iniciativas que buscan despenalizar el uso de sustancia psicoactivas, esta iniciativa prohíbe el consumo por parte de menores de edad, no tendrá posibilidad de publicitar los productos, estará prohibido el consumo en espacios educativos, recreativos o que tengan presencia de menores.
Establece que “cualquier persona interesada en consumir derivados psicoactivos de la hoja de coca de manera recreacional deberá registrarse previamente en un una base de datos, asistir a una cita médica y solo tendrá acceso a una dosis máxima de consumo semanal”.
Países como Perú y Bolivia cuentan con una regulación que permite el cultivo y explotación de la hoja de coca, por el arraigo que tiene la planta en sus culturas indígenas y ancestrales, pero no cuentan con permisividad frente al procesamiento de cocaína.
Así mismo lo definió el senador Feliciano Valencia que hace parte de la autoría del proyecto. “Los pueblos indígenas consideramos que toda política que busque regular los derivados de la hoja de coca debe reconocer el estrecho vínculo entre la mata de coca, las culturas, la autonomía y la jurisdicción de los territorios y resguardos indígenas en el país”, señaló.
“Este proyecto no solo le entra al tema de la hoja de coca y sus usos, sino a la producción y distribución de la cocaína para fines psicoactivos, médicos y de investigación. Plantea que todos los cultivos certificados en los registros de las Naciones Unidas serán los que se puedan usar este proyecto de ley, y los que no están serán declarados ilegales porque no podemos permitir que el narcotráfico pueda ampararse en este proyecto para seguir delinquiendo”, agregó Valencia.
El exsenador Juan Manuel Galán también saludó la iniciativa y aseguró que en su concepto ese debe ser el camino de la legislación en la lucha contra la drogas, la cual debe enfocarse en la lucha contra el abuso de consumo.
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Este no es el único proyecto que busca la regulación de las sustancias psicoactivas en el país, otras iniciativas ya iniciaron trámite en el Congreso para reglamentar el uso adulto de la marihuana, desde un proyecto de los liberales y otro del partido Verde y Colombia Humana.
