“Familia: Mi verdadera situación aquí no es muy fácil. Créanme que la alimentación es muy maluquita. Yo creo que estoy pesando unos 68 kilos, y cuando llegué aquí pesaba 86. Psicológicamente estamos muy destruidos: aquí nos mantienen sentados el 90% del tiempo, incomunicados. No tenemos derecho a un abogado, y no es que no haya porque sí hay y muchos, pero la falta de dinero y el contacto con los cónsules es muy poco aquí. Estamos sometidos a todo lo que ellos quieren; tenemos un supervisor que no hace sino intimidarnos con un cuarto de castigo. Nos trata mal de palabra pero en ingles o chino. Como el español no lo entienden entonces no nos ponen nada de cuidado. Cuando a mí me detuvieron, no me leyeron mis derechos. Todo fue como ellos querían. Nos traen papeles para firmar y, sin saber qué es, nos obligan a firmarlos.Lo único que como es arroz sin sal y una que otra cosita casi que contra mi voluntad. Solo el instinto de supervivencia nos hace comer. Los días aquí son muy largos. No nos dan sino un rollo de papel higiénico para el mes y toca compartirlo entre dos personas. Un cepillo dental cada 6 meses, una sola ropa interior, una toalla, una crema dental. Aquí son muy miserables. Los únicos que nos pueden ayudar son los de la embajada, pero vienen cada dos o tres meses. Perdónenme por este daño que les pude haber causado. A todos los amo, me hacen una falta enorme. Con mucho amor, de quien añora regresar a ser muy feliz con todos”.
La última vez que Clara* escuchó la voz de su esposo fue el 8 de abril de 2012. Ese día, como estaba planeado, Joaquín viajaba a Hong Kong en China para establecer algún negocio de importación de electrodomésticos. Al menos así se lo había explicado en las últimas semanas.Clara recibió la llamada a las siete de la noche, desde Brasil. A estas alturas, no recuerda bien de qué ciudad se comunicó con ella, pero sólo le dijo: “Todo va al corriente, normal. Salgo para Hong Kong. Cuando aterrice te llamo. Saludes a los bebés”.
El corazón parecía salírsele del pecho cinco días después, porque no sabía nada de Joaquín. En su mente había dos asuntos que no dejaban de angustiarla: qué habría pasado con su esposo y si funcionará el negocio de importación de electrodomésticos de China, para pagar una millonaria deuda hipotecaria que estaba a punto de dejar en la calle a ella, a él y a sus cuatro hijos.
Pasaron dos semanas y no lograba contactarlo. En vano llamaba a todas partes y a ninguna al mismo tiempo, porque donde marcaba nadie respondía.
El lunes 23 de abril el teléfono de su casa sonó a las tres de la mañana. De un saltó se levantó y corrió a responder. “Le hablamos del consulado de Colombia en China. Tenemos que informarle que su esposo está siendo atendido en un hospital en estado grave. Necesitamos que le mande una autorización y unos papeles para que le hagan una cirugía”.
Le dieron la información muy rápido, y apenas podía comprender la complejidad del asunto. Prometió que a primera hora de la mañana, tan pronto hubiese abierto algún café internet, enviaría todos los papeles para que atendieran a Joaquín y le salvaran la vida.
Recibió una carta en chino que firmo sin entenderla. Preguntó a sus interlocutores del otro lado del mundo y le explicaron que era la autorización médica para la operación; mejor dicho, que salvaban su responsabilidad en caso de la muerte del paciente. Sin otra opción, Clara firmó y sólo pidió que cuando hubiese algún parte médico le notificaran. Ellos se comprometieron a que así sería. Eso nunca pasó.
–¿Tan pronto se recupere, me lo pueden regresar? –preguntó a los funcionarios consulares antes de finalizar la llamada.
–No. Él tiene un proceso abierto por tráfico de drogas. Sale del hospital para la cárcel. No le puedo decir nada más.
Se quedó con un sinnúmero de preguntas. Ninguna obtuvo respuesta. Jamás supo porqué operaron a su esposo. Tampoco cuándo lo habían capturado. Ni dónde. Mucho menos cuánta droga llevaba, cómo la llevaba y qué lo motivó a hacerlo. Ella misma se sugería la respuesta: el desespero por una deuda que los arruinaría.
No importaba dónde llamara, nadie le daba razón. Lo siguiente que supo, gracias a otra comunicación con el consulado, era que estaba recluido en una cárcel de la ciudad de Guangzhou, cercana a Hong Kong. También se enteró de que no podría hablar con él durante mucho tiempo.
Hoy, 15 meses después, Clara no ha conseguido hablar con Joaquín. Lo único que ha logrado saber sobre su esposo lo supo a través de una carta tardía, cuyos apartes fueron publicados al inicio de esta historia con autorización de la familia. En ella hay descripciones que dejan ver el trato inhumano y la falta de garantías procesales para los colombianos detenidos en China. La situación de varios nacionales es más indigna pues hasta después de la sentencia tendrían la oportunidad de llamar máximo cinco minutos a la familia, una vez cada trimestre.
"Jamás supo porqué operaron a su esposo. Tampoco cuándo lo habían capturado. Ni dónde. Mucho menos cuánta droga llevaba, cómo la llevaba y qué lo motivó a hacerlo. Ella misma se sugería la respuesta: el desespero por una deuda que los arruinaría."
Las informaciones sobre la vida de Joaquín han sido informadas de manera escueta por el consulado colombiano en China, que envía delegados a revisar el estado de los connacionales. “Que manda decir que está bien”, es lo único que le notifican a Clara. La incertidumbre es lo que más le parte el alma.
Le cuenta a sus hijos, todos muy pequeños, que su papá está en un viaje al otro lado del mundo, y que pronto regresará. Eso espera. Les dice que es un papá ejemplar y les recuerda que los últimos 16 años, hasta su viaje a la Feria Comercial de Cantón en China, era taxista. Que su ausencia es sólo culpa del amor que les tenía y su miedo por verlos en la calle.
“Siempre le pido a Dios que no lo maten”, dijo Clara, temerosa de creer que su esposo podría durar toda su vida en una cárcel China, o que lo podrían fusilar. Cuenta ella que al pedir ayuda, para saber del destino de su esposo, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y una funcionaria le dijo con frialdad a ella y a su suegra: “¿ustedes son consientes de que nunca lo van a volver a ver?”.
Los familiares denuncian sentirse abandonados por el Gobierno, que no les da razón sobre el destino de sus seres queridos y no parecen interesarse en lograr su repatriación.
Hay siete colombianos condenados a pena de muerte en China, según datos oficiales. Informaciones extraoficiales hablan también de cinco sentenciados a cadena perpetua.
"Jamás supo porqué operaron a su esposo. Tampoco cuándo lo habían capturado. Ni dónde. Mucho menos cuánta droga llevaba, cómo la llevaba y qué lo motivó a hacerlo. Ella misma se sugería la respuesta: el desespero por una deuda que los arruinaría."
Las informaciones sobre la vida de Joaquín han sido informadas de manera escueta por el consulado colombiano en China, que envía delegados a revisar el estado de los connacionales. “Que manda decir que está bien”, es lo único que le notifican a Clara. La incertidumbre es lo que más le parte el alma.
Le cuenta a sus hijos, todos muy pequeños, que su papá está en un viaje al otro lado del mundo, y que pronto regresará. Eso espera. Les dice que es un papá ejemplar y les recuerda que los últimos 16 años, hasta su viaje a la Feria Comercial de Cantón en China, era taxista. Que su ausencia es sólo culpa del amor que les tenía y su miedo por verlos en la calle.
“Siempre le pido a Dios que no lo maten”, dijo Clara, temerosa de creer que su esposo podría durar toda su vida en una cárcel China, o que lo podrían fusilar. Cuenta ella que al pedir ayuda, para saber del destino de su esposo, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y una funcionaria le dijo con frialdad a ella y a su suegra: “¿ustedes son consientes de que nunca lo van a volver a ver?”.
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Desde que supo de la suerte de su padre, condenado a pena de muerte en China, Diana ha liderado una campaña llamada “Familias colombianas unidas, sí a la repatriación de colombianos presos en China”. En Twitter y Facebook ha logrado convocar a familiares y solidarios con su causa. Romper su silencio y contar sus historias son sus únicas estrategias. Cuando Diana despidió a su papá, don Gabriel Ariza*, por alguna razón sintió la necesidad de orar por él. Se supone que sólo viajaría al sur del país para tratar de vender una parte de su finca, que estaba prácticamente en ruinas por una peste que afectó sus cultivos. Aunque tiene 55 años, su papá ya estaba agotado del campo y sus deudas lo habían obligado a pensar en negociar sus tierras en el eje cafetero. Todos, incluso Diana, hija única, respaldaron a su padre. Partió a finales de enero de 2013. Nunca imaginaron que el viaje sería tan largo. Como en otros casos, pasaron los días y perdieron comunicación con él. Su celular registraba como apagado y no había ninguna razón sobre su paradero. Diana y su madre entraron en episodios de preocupación por llevar una semana sin saber de su padre. “Señora Diana: su papá ha sido detenido por tráfico de estupefacientes”, le dijo once días después un funcionario del consulado colombiano en Shangai. La llamada sólo la desconcertó. Ella no entendía qué pasaba, incluso gritó a su interlocutor calificándolo de mentiroso, bromista o equivocado. Quiso finalizar su llamada y de alguna forma logró tomar los datos de la persona que le hablaba desde China. Volvió a comunicarse luego de recuperar la calma. Solo le dijeron a Diana que don Gabriel había sido detenido en el aeropuerto de Shangai con aproximadamente 1.400 gramos de droga; además, le explicaron que durante un periodo de seis a doce meses no podría hablar con su papá. Todo eso pasó entre enero y febrero de este año, hace menos de cinco meses. También le comentaron que él no tendría un abogado hasta el momento de juicio. La idea la desesperaba más porque le parecía injusto que su papá sólo tuviera forma de defenderse hasta cuando la dictaran sentencia. Pero no pudo hacer nada más. Solo la reconfortaban las palabras de los funcionarios en Shangai que le prometían haber visto a su padre, con bajo ánimo, pero estable. “Su padre ha sido condenado a pena de muerte”, le dijeron en una llamada hacia las 11 de la noche a finales de junio. Absorta, la mujer rompió en llanto. La sentencia se la dieron cinco meses después de haber sido capturado. Fue un juicio express. “Fue demasiado rápido, y quedé asombrada. He hablado con varias personas y tienen familiares esperando más de un año la sentencia”, dice Diana, cuyo papá está prácticamente en el corredor de la muerte. Según le explicó el cónsul de la circunscripción de Shangai, que ella califica como el mayor apoyo que tiene en lejano oriente, su padre no tendría derecho a hacer llamadas hasta que no sea trasladado del centro de detención ambulatorio hacia una penitenciaría. Allí tendría opción de llamar una vez cada mes por máximo diez minutos. En otras localidades, como Guangzhou, les permiten comunicación una vez por trimestre. Pueden pasar varias semanas para que esto suceda. Mientras tanto ella cuenta las horas para poder hablar con él, preguntarle si está bien e indagar por las razones de lo que sucedió. Sabe que la condena de su padre tiene suspensión a dos años, es decir que en ese tiempo no lo ejecutarán. Es como alargar un poco la estocada final, pero es tiempo que ganan las familias para intentar apelar la decisión y lograr al menos un cambio de pena a cadena perpetua. Diana explica que hay un derecho de apelación, pero le han informado que debería tener argumentos “muy sólidos” para refutar, porque de lo contrario su intención podrá ser contraproducente. A China, al parecer, no le gusta que sus presos hagan reabrir procesos que cuestionen sus decisiones. Pedir ese recurso le impediría a su padre comunicarse con ella. Como medida desesperada, el señor Ariza prefirió guardar silencio, como aceptando su destino, mientras ruega que sea muy pronto su traslado para poder llamar a su familia en Colombia.
Los familiares denuncian sentirse abandonados por el Gobierno, que no les da razón sobre el destino de sus seres queridos y no parecen interesarse en lograr su repatriación.
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Como si fuese una señal no escuchada, a Jhon*, de 40 años, y a su padre, Miguel, de 58, el vuelo a China los dejó. Habían salido el tres de agosto de Pereira hacia Bogotá y no llegaron a tiempo para abordar el viaje. –Mami, cómo le parece que nos dejó el avión –le dijo Jhon a doña Lucía. –Ay, mijo. No se vayan, mire que si ese avión los dejó debió ser para que ustedes no se fueran para allá. Son cosas de mi Dios –respondió ella. –No, mamá, sea como sea nosotros nos tenemos que ir. –¿Cómo así que se tienen que ir? –Sí, mami, simplemente le digo eso. Al fin tomaron un avión con destino a Hong Kong el 7 agosto de 2012, con dos escalas: Sao Paulo y Dubai. La última llamada que hicieron a Lucía fue desde Brasil. Se supone que llegaron a Guangzhou el 9 de agosto. Ese mismo día habrían sido capturados. Once meses después de su captura, doña Lucía y su familia desconocen con certeza el destino de sus familiares, que en principio viajaban a Hong Kong. Hace dos semanas el cónsul de esa circunscripción se comunicó con ella y le dijo que su hijo estaba bien de salud y su esposo había durado seis meses hospitalizado. “¿De qué?, le pregunté, y no me dio razón”, dijo la señora. Más allá de estar sorprendida porque a sus familiares los acusen por narcotráfico, doña Lucía insiste en que fueron engañados o embaucados, porque les prometieron que iban a China a buscar socios para importar zapatos y textiles. Su hijo fue taxista y trabajó hasta 15 días antes de viajar. Estaba en una situación desesperante: tiene un hijo de cuatro años al que debía sostener y una esposa a la que le diagnosticaron cáncer. No encontraba ninguna forma para costearle el tratamiento. Su papá, don Miguel, también trabajaba ocasionalmente como conductor pero había contraído una fuerte deuda con los denominados “gota a gota”, que incluso habían amenazado con atentar contra su familia. Se supone que el negocio de los zapatos y textiles los sacaría de aprietos. “No entiendo que si iban a llevar eso, porqué hicieron tantos papeles para importar mercancía e hicieron las vueltas legales para viajar”, dice doña Lucía. Ahora espera conocer este mismo mes la condena contra su esposo y su hijo, pidiendo que no pase lo peor. Sin embargo, según las leyes chinas por una cantidad superior a 50 gramos de droga el acusado será sentenciado a muerte, o si tiene suerte, a cadena perpetua. Jhon llevaba mil gramos y Miguel una cantidad mayor. Lo que más le duele a Luz es la incomunicación con sus familiares. En casi un año solo tiene de ellos una carta, que le enviaron en enero y llegó en marzo, y los escasos mensajes que le da el cónsul colombiano en Hong Kong, por demás poco alentadores. Además conoció que del poco dinero que logran enviar a China, resulta que sus familiares no reciben casi nada. Los recursos le sirven al interno para adquirir algo de comida y otros elementos básicos de aseo. Al parecer, el dinero se "embolata" al llegar a la cárcel, de acuerdo a algunas denuncias. Los envíos se tramitan a través de los consulados. “Son unos inhumanos en ese país, y los del consulado ni Cancillería nos ayudan. Quiero que entiendan que uno como familia lo mínimo que quiere saber es cómo están, porque a pesar de los errores, una madre sufre por sus hijos. Sabemos que de desayuno les dan un vaso de agua, arroz sin sal y una tajada de pan. Mi esposo seguro se enfermó por aguantar hambre. También nos han dicho que todo el día los sientan en una banca de 20 centímetros de altura, de espaldas unos con otro, y sin poder ni hablar ni decir nada. Y cuando les llegan cartas o fotos se las muestran a través de un vidrio grueso y no se las entregan”, denunció.
Hay siete colombianos condenados a pena de muerte en China, según datos oficiales. Informaciones extraoficiales hablan también de cinco sentenciados a cadena perpetua.
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KienyKe consultó en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre datos oficiales de colombianos condenados a penas máximas en China y las acciones que adelanta Bogotá para lograr su repatriación. Según la Cancillería, 95 nacionales están privados de la libertad en esa nación asiática y la mayoría (81%) están recluidos por delitos de narcotráfico. Gran parte de ellos fueron capturados en la jurisdicción de Hong Kong (46 colombianos), mientras que en Beijing y Shangai están detenidos otros 31. Las penas mínimas para quienes trafican droga son de 15 años de prisión. Por más de 50 gramos, una persona puede ser condenada a cadena perpetua y pena de muerte. La Cancillería colombiana admite que siete colombianos están condenados a pena de muerte en China y agrega que el narcotráfico es un delito equiparable con el terrorismo y crímenes políticos en ese país. “La República Popular China, dentro de su ordenamiento jurídico no permite la repatriación de detenidos extranjeros que estén condenados por el delito de narcotráfico, porque ese delito según su Código Penal, es considerado como un delito muy grave”, manifiesta un informe enviado a KienyKe por la Cancillería. El Gobierno también argumenta que al no existir sentencias análogas, respecto a las penas máximas en Colombia, es difícil pensar en una posible repatriación. Pero para el abogado Andrés Vélez, de la firma caleña Andrés Vélez & Asociados, Grupo de Profesionales de Colombia, los argumentos del Ministerio de Exteriores “no responden a nada”. “La Cancillería y los cónsules encargados en cada país deben asistirnos jurídicamente y deben velar para que terceros países no vulneren nuestros derechos a la dignidad y derecho a la vida. Nuestra Constitución del 91 no reglamenta ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Legalmente no existen estas figuras para los colombianos, estén donde estén”. Vélez cuestionó que si el gobierno hace acuerdos comerciales con China, “¿Por qué con ese mismo ahínco con que hacen tratados comerciales, no hacen tratados de repatriación a condenados a muerte? No estamos pidiendo impunidad. Pero queremos que se hagan con el debido proceso esos juicios. Sabemos que son asistidos hasta la sentencia, y que los abogados literalmente les hablan en chino. El consulado está en la obligación de asistirlos con defensa y traductores”. El gigante del oriente parece hacer caso omiso al llamado de numerosas organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, que le piden suprimir la pena de muerte de su ordenamiento jurídico. Cada año China aplica la pena de muerte a más personas que el resto del mundo en conjunto. Otras naciones, como Bolivia y Perú, negocian tratados para evitar que sus connacionales sean enviados al patíbulo, y logren ser repatriados. Colombia parece resignarse a la inexistencia de ese tratado y, no contento con ello, no dan respuestas a las familias que insisten en obtener un pronunciamiento de la Cancillería, según denunciaron los testigos. Las familias se preguntan: "si peligrosos criminales, responsables de los peores delitos, muchas veces hasta resultan libres, ¿por qué nuestros seres queridos, que cometieron un error y saben que deben pagarlo, no tienen la oportunidad regresar al país y responder a la justicia, pero en vida? *Los nombres fueron cambiados por solicitud de los testigos. @david_baracaldo
