El Senado de la República eligió recientemente a Héctor Carvajal Londoño como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Cristina Pardo. Su designación, con 66 votos a favor, no pasó desapercibida: más allá de sus credenciales profesionales, su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su trayectoria como abogado de figuras de todo el espectro político han generado una ola de cuestionamientos sobre la independencia judicial en Colombia.
Un abogado con conexiones transversales
Nacido en Guacarí, Valle del Cauca, Héctor Carvajal es un jurista con más de tres décadas de experiencia en derecho electoral, administrativo y público. Es egresado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público. Ha sido conjuez del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, además de ejercer como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá.
A lo largo de su carrera, Carvajal ha asesorado tanto al sector público como al privado. Su firma, Carvajal Londoño Abogados Asesores, ha prestado servicios jurídicos a entidades como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con contratos recientes por casi 400 millones de pesos.
Pero su perfil ha ganado notoriedad sobre todo por su papel como defensor de figuras políticas clave. Fue abogado de Gustavo Petro en varios episodios decisivos, incluyendo su destitución como alcalde de Bogotá en 2013, caso que terminó con un fallo favorable del sistema interamericano. También representó al hoy presidente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
Paradójicamente, Carvajal también ha sido abogado del expresidente Álvaro Uribe y de sus hijos, así como de otras figuras como la exgobernadora Oneida Pinto y el exalcalde Daniel Quintero. Incluso habría facilitado un encuentro entre Uribe y Petro en 2023, donde se discutieron temas de interés nacional.
Críticas por cercanía con Petro y cuestionamientos por edad
La elección de Carvajal fue anticipada. Desde días antes de la votación, su nombre se perfilaba como favorito frente a las candidatas Karena Caselles y Dídima Rico. Sin embargo, diversos sectores políticos y académicos alertaron sobre los riesgos que implica su designación para la independencia judicial del país.
El movimiento De Cara al Futuro, por ejemplo, envió una carta al Senado advirtiendo una posible “grave afectación a la independencia” del alto tribunal, al tiempo que pedía mantener un equilibrio ideológico dentro de la Corte Constitucional. Su cercanía con Petro es vista por críticos como un factor que podría condicionar su imparcialidad en decisiones clave, especialmente ante las reformas impulsadas por el actual Gobierno.
A estas preocupaciones se suma el debate sobre su edad. Carvajal tiene 66 años, y según la Ley 1821 de 2016, los servidores públicos deben retirarse a los 70. Esto pondría en duda que pueda completar el periodo de ocho años que le corresponde como magistrado. No obstante, el abogado ha defendido una interpretación legal que le permitiría culminar su periodo sin restricciones, argumento que ha sido duramente criticado por juristas como Rodrigo Uprimny, quien señala que el límite de edad debería haberse aplicado con mayor rigor en su caso.
Apoyos políticos diversos
A pesar del ruido mediático y las críticas, Carvajal logró consolidar un respaldo político considerable. Además del apoyo del Gobierno, recibió votos de sectores como el Partido Liberal, el Partido Conservador —incluido el presidente del Senado, Efraín Cepeda—, y de La U, liderado por Dilian Francisca Toro. Este respaldo transversal refleja tanto su experiencia como su capacidad de diálogo político.
Un cargo clave en un momento decisivo
Como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carvajal llega en un momento crucial. El alto tribunal tendrá en sus manos decisiones de profundo impacto en temas como las reformas sociales del Gobierno Petro, la implementación del Acuerdo de Paz y el control de constitucionalidad de leyes fundamentales.
Aunque su experiencia legal es innegable, la pregunta que persiste es si podrá ejercer su nuevo rol con total independencia. Para muchos observadores, la Corte no solo se enfrenta a la interpretación del derecho, sino también al desafío de mantener su legitimidad frente a una opinión pública cada vez más escéptica de la política y de sus vínculos con la justicia.
