Una de las leyes que genera más polémica en el campo colombiano es sin duda la ley de víctimas y de tierras que busca entregarle tierras a quienes perdieron sus predios al salir desplazados por causas del conflicto armado.
Sebastián Camilo Malpica Cárdenas, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), exploró el impacto de la restitución de tierras en la reestabilización socioeconómica de la población víctima del conflicto armado y el desplazamiento forzado, a través del estudio de caso de los habitantes del municipio de La Palma, en Cundinamarca.
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En esa investigación evidencio que las políticas públicas son instrumentos de planeación que se formulan a un largo plazo, y para transformar la condición de las personas en las cuales se interviene se pueden tardar hasta 20 años en mostrar sus efectos.
Esto quiere decir que una familia que haya sido beneficiada por la restitución de tierras puede empezar a mejorar su situación económica años después de que se le cumpla con entregarle el predio.
A pesar de esto, el investigador intentó hacer una aproximación a los impactos obtenidos con la restitución de tierras hasta el momento.
“Lo primero que hicimos fue revisar qué información teníamos en cuanto al universo de personas cuyas propiedades habían sido restituidas, para saber si podíamos determinar una relación causal entre su condición antes y después de acceder a estas políticas de Estado”, explica el magíster.
Dicha información permitió identificar que efectivamente el municipio de La Palma ha sido uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado y la violencia, lo que llevó a su población al desplazamiento forzado. “En La Palma había una mayor proliferación de sentencias favorables, en las que la Unidad otorgaba nuevamente el derecho sobre el uso y la explotación de los predios a las personas desplazadas”, comenta el investigador Malpica.
Positivo, pero falta
Econométrica y estadísticamente se encontró que en temas como la seguridad alimentaria resulta significativo acceder a restitución de tierras. “Al tenerla disponible para cultivar se garantiza el acceso a alimentos, aunque la variedad sea poca”, apunta el investigador. Algo similar ocurre en aspectos como la capacidad de ahorro, porque esta población, que tiene bajos ingresos, logra destinar una mayor proporción de estos a temas de ahorro pues tienen que acceder a algunos productos y servicios en menor proporción que quienes no tienen un predio restituido.- Lea también: Candidata en Bucaramanga se comparó con Jesucristo
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