
El senador Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció este 21 de mayo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha invertido más de $300.000 millones en la política de Paz Total entre 2023 y 2025, sin que hasta la fecha se evidencien resultados claros en términos de pacificación del país. La denuncia se sustenta en datos oficiales obtenidos mediante derecho de petición a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño.
Según Triana, la inversión total asciende a $302.659 millones, distribuidos en $112.723 millones en 2023, $89.880 millones en 2024 y una proyección de $100.056 millones para 2025. El congresista cuestionó fuertemente el uso de estos recursos públicos en negociaciones que —a su juicio— han sido infructuosas, especialmente aquellas con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Uno de los focos principales de gasto ha sido la mesa de negociación con el ELN, que, de acuerdo con los documentos revelados, ha consumido $26.467 millones desde su instalación por la resolución 264 de 2022. La mesa está suspendida desde febrero de 2024, tras seis ciclos de diálogos que no arrojaron acuerdos definitivos. Triana afirmó que los diálogos con este grupo insurgente “están cada vez más lejos de reanudarse”, debido a la falta de voluntad del ELN y su persistencia en acciones armadas.
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En 2022, el gasto fue de $790 millones, mientras que en 2023 se destinaron $14.252 millones, en 2024 $11.330 millones, y para 2025 ya se han reportado $93 millones invertidos hasta el 11 de febrero, a pesar de que el proceso sigue paralizado.
Otro de los aspectos más controvertidos, según Triana, es el gasto en viajes y viáticos, que habría alcanzado los $8.000 millones durante los períodos de negociación. El senador calificó esta cifra como “injustificada e innecesaria”, sobre todo ante la suspensión prolongada de los diálogos y la falta de avances concretos.
La denuncia ha generado fuertes reacciones en redes sociales y en sectores de la oposición, que cuestionan la eficacia de la estrategia de Paz Total y su impacto en el presupuesto nacional. Por su parte, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente frente a los señalamientos, aunque defensores de la política argumentan que estos procesos requieren inversión para lograr transformaciones de fondo en territorios históricamente afectados por el conflicto.