Lo que supuso un cambio en la vida de muchos jóvenes, al ganarse el beneficio de Ser Pilo Paga (SPP), para estudiar una carrera universitaria con subsidio de la Nación, ahora podría convertirse en política de Estado. Y es que desde hace unos meses en el Congreso se gesta un proyecto de ley, que de hecho ya tuvo su primer debate en la comisión de la Cámara, para convertir al programa en la política.
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Sin embargo, pese a la gran aceptación que tuvo el programa en sus inicios, hoy es blanco de críticas porque los estudiantes y docentes creen que se debe reestructurar para que SPP ingrese más recursos a las universidades oficiales, porque, según cifras, en el 2015 el 98% de los estudiantes seleccionados ingresaban a las universidades privadas, lo que engordaría las arcas del sector privado, y el público no estaba recibiendo el apoyo suficiente.
La iniciativa, que busca garantizar la educación de los jóvenes de Sisbén uno y dos que tuvieron resultados brillantes en las pruebas de Estado está en zona de debate porque la elección de los estudiantes no obedece a un criterio de calidad, pero gracias a esa elección el programa ha producido una transferencia masiva de recursos del Estado hacia el sector privado.
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Es por eso que los estudiantes han venido aquejando su posición mediante la consigna “Ser pilo no paga si la pública se acaba” y los expertos les dan la razón.
Y es que el déficit de las universidades públicas ha venido aumentando porque la Nación hace transferencias conforme al índice de precios del consumidor, pero no han tenido en cuenta que ha aumentado la cantidad de estudiantes, han aparecido modalidades de posgrados con costos superiores a los pregrados y los docentes han elevado sus salarios conforme a la exigencia.
A eso se le suma que las universidades públicas recibían el 100% de los impuestos sobre la Renta para la Equidad (CREE), pero este año solo pudo recibir el 33% puesto que el resto del presupuesto fue destinado al ICETEX y a Ser Pilo Paga, para financiar muchas veces la educación privada.
Esto evidencia que el gobierno no tenía los recursos para sostener SPP y por eso usó los recursos que eran para las universidades públicas. Por tanto el programa sí está desfinanciando la educación oficial universitaria, algo que no quieren reconocer sus defensores.
Teniendo en cuenta que el gobierno transfiere a las universidades públicas entre 3 y 11 millones de pesos por alumno cada año y que hoy un “pilo” le cuesta 22 millones, la conclusión es que el Estado está pagando entre dos y siete veces más por cada “pilo” que va a una universidad privada, aunque la calidad educativa que reciben no es mayor.
Por todo esto es que es necesario que SPP se reestructure, para que pueda ser algo estable para el país, y por eso, se cree que se deben hacer tres ajustes.
El primero es que todos los 'pilos' ingresen a las universidades oficiales para que esta educación se consolide y sea rentable para la Nación.
Lo segundo es seleccionar algunas universidades regionales para fortalecerlas académica y financieramente para consolidarlas en el proyecto. Por último, es necesario que los 30.500 estudiantes que tiene el programa actualmente deban permanecer en las universidades que han elegido, pero debería garantizarse una financiación parcial por parte de estas.
Si se cumplen estas tres condiciones el programa debe permanecer y convertirse en política de Estado.
