El presidente Gustavo Petro firmó la Directiva Presidencial No. 03 de 2026, con la que centraliza la vocería oficial del Gobierno nacional. La medida fija nuevas reglas para ministros, directores y entidades del Ejecutivo en medio de tensiones internas en la Casa de Nariño.
Petro fija una vocería central para el Gobierno
El presidente Gustavo Petro expidió una directiva presidencial que redefine quién puede hablar oficialmente en nombre del Gobierno nacional. El documento, fechado el 23 de abril de 2026, establece que la “vocería principal y oficial” del Ejecutivo será ejercida por el jefe de Estado, quien fijará las posiciones sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales.
La instrucción cobija a ministros, ministras, directores de departamentos administrativos y representantes legales de entidades adscritas o vinculadas del orden nacional. Según el texto, los ministros y directores podrán ejercer vocería sobre los asuntos propios de sus carteras, pero con autorización expresa del Presidente de la República y bajo la línea institucional definida por el Gobierno.
La directiva también limita el margen de pronunciamiento de directores, gerentes y presidentes de entidades adscritas o vinculadas. Estos funcionarios podrán referirse únicamente a temas de su competencia y no podrán fijar posiciones políticas a nombre del Gobierno sin autorización presidencial. Además, las comunicaciones públicas que puedan impactar la actividad del Ejecutivo deberán coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia.
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¿Qué cambia para ministros y entidades?
En la práctica, la medida busca ordenar los mensajes públicos del Ejecutivo y evitar contradicciones entre dependencias. El documento sostiene que la comunicación oficial debe mantener unidad de mensaje, coherencia institucional y responsabilidad, con el argumento de proteger la transparencia, la gobernabilidad y la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.
El punto más sensible es el alcance de la autorización presidencial. Aunque la directiva no elimina toda posibilidad de que ministros o directores hablen sobre sus sectores, sí condiciona la vocería oficial a un filtro previo de la Casa de Nariño. Por eso, la polémica se concentra en si la medida ordena la comunicación institucional o si reduce la autonomía pública de los altos funcionarios del Ejecutivo.
El origen de la decisión
La decisión se conoce en un momento de tensión interna para el Gobierno, tras las denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, sobre una presunta red de corrupción, espionaje y amenazas dentro del Ejecutivo. Rodríguez ha señalado públicamente a funcionarios como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y a Juliana Guerrero, cercana al presidente. Carrillo ha negado los señalamientos.
Con la nueva directiva, el Gobierno deja formalmente en manos del Presidente la vocería principal sobre los temas estratégicos. Lo que sigue será la aplicación concreta de la medida: cómo se tramitarán las autorizaciones, qué declaraciones serán consideradas vocería oficial y qué margen conservarán los ministros para responder por la gestión diaria de sus carteras.
