Situación crítica para los líderes sociales

Este martes, la Fiscalía General de la Nación presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe en que analiza la situación de asesinatos contra líderes sociales y en general compara dicho fenómeno con investigaciones pasadas en torno a crímenes de Estado en Colombia desde 1985.  El ente aseguró que hasta 2016 abrió 184 investigaciones por este tipo de crímenes en el país. Asimismo, de 132 casos abordados bajo la Ley 600, 23% de dichas investigaciones se encuentran apenas en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31.6%) están en etapa de instrucción; 3 casos (2%) en etapa de juicio y 60 casos (43%) tienen sentencia. Con respecto a las 45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77%) no han tenido un avance procesal importante y se encuentran en etapa de indagación. Adicionalmente, 3 casos (6.6%%) están en etapa de investigación; 3 casos (6.6%) en etapa de juicio y existen 3 casos (6.6%) con sentencia. Un proceso fue remitido a la Justicia Penal Militar para su conocimiento. En el informe se resume a las víctimas como:  líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles, personas dedicadas a la difusión de información, abogados o integrantes de colectivos de abogados y funcionarios del Estado

Poco avance frente a líderes sociales

Por la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía obtuvo 200 condenas desde 1985. La mayor parte corresponden a integrantes de Grupos Armados Organizados (Gao). También se recopiló información de 39 integrantes del Ejército y 11 miembros del DAS condenados por crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos. ¿Pero por qué la ciudadanía percibe poco avance frente a estos temas? El ente investigador dio cuatro argumentos: "La ausencia de estrategias investigativas integrales que establecieran como primera hipótesis de trabajo la relación entre el hecho victimizante y la labor de defensa enarbolada por la víctima; La escasa implementación de protocolos de intervención temprana que podrían haber facilitado la pronta recolección de elementos probatorios y evidencia física; La dificultad en la obtención de evidencia y la ausencia de técnica y experticia en su recolección debido a la naturaleza propia de algunas de las formas de victimización; La reciente tipificación de algunas conductas, pues varias no se consideraron delitos hasta el año 2000" .