El hombre que alguna vez se presentó como uno de los grandes estrategas de la política colombiana, hoy enfrenta un entramado judicial que parece hablar más de poder que de lealtades. Armando Benedetti, actual ministro del Interior, tiene abiertas siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Un número que, en cualquier otro país, sería suficiente para apartar a un funcionario de su cargo. En Colombia, sin embargo, el poder político y la justicia parecen avanzar por caminos paralelos que rara vez se cruzan.
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Las investigaciones van desde presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, compra de votos, favorecimientos en contratos públicos y hasta ataques verbales a magistrados. El último episodio —el allanamiento a su residencia por orden de la Corte— encendió nuevamente las alarmas sobre un personaje que parece acumular poder y escándalos con la misma facilidad.
Lo que está sobre la mesa no es solo el destino de Benedetti, sino el mensaje que envía el Gobierno al mantener en uno de los cargos más sensibles del país a un hombre que carga con un historial judicial tan complejo.
¿Es la confianza política más importante que la confianza ciudadana?
¿O es que el poder ha aprendido a blindarse entre los suyos?
La Corte Suprema investiga su aumento patrimonial, su participación en presuntas gestiones indebidas en entidades como Fonade y Electricaribe, y su posible rol en la compra de votos en La Guajira. Los procesos avanzan a ritmos distintos, algunos en etapa preliminar y otros con pruebas en curso. Lo único constante es el ruido, el mismo que Benedetti ha sabido transformar en discurso político y en espectáculo mediático.
Su estilo confrontacional, que en el pasado le sirvió para mantenerse vigente, hoy parece jugarle en contra. Cada insulto o provocación pública termina siendo una prueba más del deterioro del lenguaje político y de la falta de respeto hacia las instituciones. No se trata de un caso aislado: se trata de un síntoma.
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El caso Benedetti refleja un país donde la frontera entre lo judicial y lo político se desdibuja, donde las investigaciones se convierten en herramientas de poder y los cargos públicos en refugios de impunidad.
La pregunta no es cuántas investigaciones más soportará Benedetti, sino cuánto más resistirá la credibilidad del Estado cuando el poder se vuelve intocable.
