El país aún no logra recuperarse de la controversia suscitada por el contrato de MinTIC y el anticipo de 70 mil millones de pesos, que este lunes derivó en la detención de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados. Aún así, es importante dirigir la atención al norte ya que esta no es la única contratación estatal y está lejos de ser la de mayor cuantía.
En las últimas horas, por ejemplo, se supo que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habría pedido acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría en una licitación pública relacionada con el suministro de alimentos a las cárceles del país. Esto, con el fin de blindar el proceso frente a posibles actos de corrupción.
Lejos de tratarse de un contrato cualquiera, en este proceso ya publicado se tiene en juego la suma de $411.507’087.775 (casi seis veces lo del anticipo perdido de MinTIC). Lo cierto es, que la preocupación no es para menos, pues la alimentación de la población carcelaria, que está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC), presenta continuas quejas por comidas en mal estado, incumplimientos en las entregas, bajo nivel de higiene en la manipulación de alimentos, entre otros factores.
En síntesis, se trata de un contrato de nueve meses para “contratar la prestación del servicio para el suministro de la alimentación a la Población Privada de la Libertad (PPL) a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), recluida bajo modalidad intramural”.
Sumado a ello, el panorama de esta situación es todavía más de interés cuando se tiene en cuenta que muchas de estas empresas que tienen relación con la alimentación carcelaria, tienen historial de prestación irregular del servicio e incluso son o han sido investigadas por presunta colusión en contratos para la alimentación escolar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ese es el caso, por ejemplo, de LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S. o PROALIMENTOS LIBER S.A.S, dos empresas que figuraron en dicho acto administrativo (Resolución 46587 DE 2018), por “presuntamente haber incurrido en el comportamiento de colusión en procesos de selección contractual, previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en el marco de los procesos de selección contractual dentro del Programa de refrigerios escolares en Bogotá”.
A dichas empresas se les sumaron otros contratistas que entre 2007 y 2016 sumaron más de 1,3 billones de pesos de adjudicaciones presupuestales. Aún así, hasta abril de 2021 Uniones Temporales como PROALIMENTOS LIBER S.A.S y MACSOL S.A.S., recibieron cada una más de $10 mil millones por concepto de suministro de alimentos a las cárceles del país.
Como si esto no fuese suficiente, en el mes de agosto el director la USPEC, Andrés Ernesto Díaz, aseguró que su despacho había recibido denuncias sobre petición de coimas para la adjudicación de licitaciones y pago de las obligaciones por parte de la entidad. Información que fue desestimada tras hablar con los operadores.
“Hemos recibido por parte de ellos (los contratistas) un rechazo contundente a este escrito anónimo y la manifestación clara por parte de ellos que, desde la USPEC, no han sentido ninguna presión en el ejercicio de su contrato ni por parte de funcionarios ni contratistas adscritos a la misma”, aseguró Díaz.
Nuevo contrato, ¿mismos contratistas?
Una investigación de Pacifista, publicada en marzo de este año, reveló muchas de estas irregularidades, basados en un informe del propio INPEC que “da cuenta de graves fallas en el suministro de alimentos a la población carcelaria”.
En dicha información, se aseguró que la Organización Nueva Aurora, uno de los contratistas de la USPEC, es “señalada de incumplir en el 90% de los establecimientos carcelarios donde tiene contratos”.
Esa misma empresa registra en la matriz de la USPEC un pago total de más de 11 mil millones de pesos por concepto de la prestación de sus servicios hasta abril de 2021.
Por otro lado, de acuerdo con dicho medio, PROALIMENTOS LIBER S.A.S es señalado de “incumplir en el 60% de establecimientos en donde tiene contratos”, así como de suministrar alimentos en mal estado a las reclusas del Buen Pastor. Un problema que hoy por hoy es más paisaje que excepción en la mayoría de los contratistas.
Entretanto, queda esperar cómo será la adjudicación del millonario contrato que se calienta en la USPEC, asediado por muchas de esas empresas que por años han estado relacionadas con el negocio del suministro de alimentos. Un recurso público que sin duda merece tener la lupa puesta encima, sobre todo por el historial de malas prácticas del sector y porque permitir cualquier tipo de corrupción podría agudizar todavía más las condiciones indignas de los presos en Colombia.
