En los últimos días El Salvador anunció que ha empezado a realizar pruebas de utilización de energía geotérmica para la minería de bitcoins. Eso, luego de que el país centroamericano, liderado por Nayib Bukele, adoptara esta criptomoneda como divisa de curso legal e incluso comprara oficialmente 400 de ellas. Ejemplo que según el precandidato presidencial Gustavo Petro, podría seguir Colombia para reemplazar la economía de la coca.
De acuerdo con Bukele, la adopción del bitcoin como moneda de curso legal ahorrará a sus "hermanos lejanos", como llaman los salvadoreños a su diáspora, millones de dólares en comisiones por el envío de remesas. Actividad que el año pasado registró operaciones por seis mil millones de dólares (casi la cuarta parte del PIB de ese país).
Por otro lado, la propuesta de Gustavo Petro se ubica todavía más allá y asegura que la economía de las criptodivisas es tan poderosa que es capaz de reemplazar los beneficios del cultivo de coca. Sin embargo, como bien señala en su trino, para que ello sea realidad se tendría que asegurar la cantidad de energía necesaria para la minería de bitcoin u otra moneda digital.
Cabe mencionar, que el gasto energético de la minería de criptomonedas es uno de los impedimentos más grandes para llegar a obtener grandes utilidades con esta actividad. De por sí, los países más populares para esta práctica son aquellos que tienen una tarifa muy baja de kilovatio por hora, al tiempo que son frecuentes las conexiones eléctricas ilegales para alimentar a las llamadas granjas de minería.
Solo por poner un ejemplo, un modelo de minero estándar como el Asic Bitcoin Antminer S19J Pro, que puede tener un valor aproximado de más de nueve mil dólares en el mercado y producir unos USD 10 mil en bitcoin al año, puede consumir unos 3250 kilovatios por hora. Añadiendo a eso que el 90% de esta criptomoneda ya se encuentra minado, por lo que es probable que en un futuro no tan lejano se deba optar por otra criptodivisa como Ethereum (que es menos rentable).
Más allá de eso, para plantear que un campesino que vive de la economía de la coca pueda reemplazar su modelo económico por el de la minería de criptomonedas, hay que tener en cuenta tres factores específicos: cuánto podría costarle en gasto energético, si el beneficio es igual o superior al cultivo de coca, y si además se tiene la infraestructura necesaria para realizar esta actividad.
En primera instancia, el tema del internet es lo menos grave, ya que no se necesita un ancho de banda muy elevado y garantizando un mínimo de estabilidad se podría realizar la minería de forma constante. Aún así, incluso con esas condiciones, Colombia enfrentaría un problema ya que aún no se alcanza la meta del 70% de cobertura de Internet en el país (prevista para 2022), y en algunos sectores de la ruralidad una conexión a la red es todavía un sueño bastante lejano.
Luego, en cuanto al consumo energético, cabe recordar que la electricidad en Colombia está ligeramente subsidiada para los estratos uno, dos y tres, estableciendo precios especiales que dependen de unos techos de consumo, que de ser superados dará lugar al cobro de kilovatio por hora de una persona estrato cuatro.
Operando las 24 horas del día es imposible no romper el techo de consumo. Por ende, para calcular el gasto se partirá de los $547 que cuesta el kilovatio por hora y que aplicaría desde estrato uno hasta el cuatro. Teniendo en cuenta el precio al día del dólar, un minero de bitcoin S19J Pro permitiría un beneficio mensual de 3’108.888, luego de descontar una factura de luz de $1’238.254.
Ese alto gasto energético es el que no hace muy rentable la minería aficionada de bitcoin, más teniendo en cuenta que la mayoría de personas lo hacen con computadoras modificadas y no con mineros especializados. De ahí que, precisamente, eliminar el factor energético sea un reto para el que Bukele haya propuesto la energía geotérmica.
Gustavo Petro, por su parte, señala como opción “aprovechar la caída de los ríos de la cordillera occidental” para generar la electricidad necesaria y aumentar los beneficios de un Estado que busca en las criptomonedas una entrada extra.
Ahora bien, es indudable que en comparación con la hoja de coca los beneficios de la minería de bitcoins serían mucho mayores para un campesino, teniendo en cuenta que “el ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca es $410.541, lo que equivale al 56% de un salario mínimo”, según una encuesta de 2018 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Fundación Ideas para la Paz.
No obstante, como todo proyecto en el agro, la pregunta es: ¿Quién va a garantizar que con la minería de bitcoin el campesinado colombiano elimine la práctica del cultivo de coca? Y todavía más importante: ¿Cuánto le costaría al Estado garantizar la infraestructura y la pedagogía necesaria para el minado? Es difícil pensar que un campesino promedio pueda invertir 30 o más millones de pesos en una máquina como estas, y más si no sabe cómo sacarle provecho.
Luego de esto, viene el tema de las alternativas energéticas: geotérmica, solar, hidroeléctrica, etc, son algunas de las opciones que suenan en la balotera, pero al final resulta incierto cómo el Estado colombiano, que al orden del día no ha podido llevar Internet o servicios públicos básicos al 100% de su territorio, pueda surtir de energía específicamente para este fin.
En todo caso, como El Salvador, podrían adoptarse las criptomonedas como divisas de curso legal y ejercer la minería desde el propio Estado y que luego ello se vea representado en una mayor inversión social al campo colombiano.
