
La Contraloría General de la República destapó el tamaño de la crisis que golpea a la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. El hallazgo no es una cifra cualquiera: son $15,2 billones en anticipos sin legalizar, sumados a 22,7 millones de facturas represadas y a reservas técnicas por $11,1 billones sin soporte documental. Una tormenta financiera que deja al sistema de salud en cuidados intensivos.
La bola de nieve
En solo dos años, los anticipos sin legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a más de $15 billones a junio de 2025. En paralelo, las cuentas por pagar alcanzan $21,3 billones, y de los más de 2.700 prestadores de servicios, apenas 36 concentran el 40 % de la deuda. Un modelo que se presenta como garante de la salud pública hoy se revela como una máquina de deudas.
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Facturas duplicadas y pacientes en espera
La Contraloría encontró que 9,1 millones de facturas estaban duplicadas por $8,9 billones, mientras que el 97 % de las cuentas aún no han sido auditadas. Detrás de esas cifras están millones de usuarios que no consiguen citas, tratamientos o medicamentos. La caja se multiplica, pero la atención se esfuma.
El pulso político
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió la intervención estatal, asegurando que “la mayoría de las deudas estaban escondidas”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió una auditoría forense y acusó a los medios de cubrir la crisis con “pura mala leche”. Lo cierto es que, con o sin discursos, la Nueva EPS se ha convertido en la bomba de tiempo más grande del sistema de salud colombiano.
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La revelación de la Contraloría no es un tecnicismo financiero: es la prueba de que el sistema colapsa desde adentro. Si la EPS que cubre a más de 10 millones de usuarios está en ruinas, ¿qué esperanza queda para un modelo que se vende como universal?
La pregunta es inevitable: ¿se está curando la salud de los colombianos o se está alimentando la caja de un sistema enfermo?