Un fallo del Tribunal de Cundinamarca en el que se ordena suspender el desarrollo de los planes parciales de la capital y de los municipios que se encuentran sobre la cuenca del río Bogotá generó molestias en distintos sectores políticos.
La cuestionada decisión la tomó la magistrada Nelly Villamizar. En ella se establece que las autoridades deben abstenerse de autorizar estos planes parciales mientras no se ajusten y/o armonicen con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca del río Bogotá (POMCA).
"Siendo los planes parciales instrumentos de planeamiento y de gestión del suelo mediante los cuales se establece la reglamentación urbanística para áreas de expansión urbana que no han sido urbanizadas, que no cuentan con vías, ni redes de servicios públicos domiciliarios, estos instrumentos deben ceñirse a lo dispuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial ajustados a la ley, y al Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca POMCA del Rio Bogotá expedido por la CAR mediante la Resolución 957 de 2019", indicó la magistrada Villamizar en la sentencia.
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Además, el fallo menciona que, con el propósito de garantizar un desarrollo sostenible, los alcaldes deben propender porque sus planes de desarrollo se proyecten y ejecuten en armonía con el medio ambiente y con un sentido de sostenibilidad ambiental.
Aseguró la magistrada Nelly Villamizar que, por esta razón, es necesario que se definan "estrategias, programas y proyectos concretos de desarrollo que permitan definir acciones para garantizar la protección del ecosistema de la sabana como unidad región que incluye el Distrito Capital y a los 46 municipios de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá y sus subcuencas”.
Reacciones a favor y cuestionamientos
El fallo del Tribunal de Cundinamarca cayó bien en algunos sectores pero en otros generó duros cuestionamientos. Por ejemplo, la concejala de Bogotá María Fernanda Rojas señaló que con esta decisión se pone como prioridad el ordenamiento del río Bogotá y se prioriza el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“Esto tendrá consecuencias, como la suspensión de 27 de los 34 planes parciales de Lagos de Torca, donde tengo una demanda que protege la franja AP 2. Ese es el problema de no ordenar el territorio con lógica, primero garantizar el ordenamiento y luego realizar los planes parciales”, indicó.
María Mercedes Maldonado, quien hacía parte de la Secretaría de Planeación Distrital y trabajaba en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), opinó todo lo contrario. Según dijo, la magistrada Nelly Villamizar se excedió en sus competencias con esta decisión.
"Así como no estuve de acuerdo con la decisión de la magistrada Villamizar de ordenar urbanizar la reserva Thomas Van Der Hammen tampoco estoy de acuerdo con la orden de suspender los planes parciales de toda la cuenca. Excede sus competencias una vez más", indicó.
La concejala Lucía Bastidas, por su parte, señaló que los planes parciales son una solución habitacional para la región, así como potenciales de reactivación económica.
Según dijo, el problema es que hundieron "por razones políticas" el POT del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el cual estaba articulado con los planes que se exigen en el fallo de la magistrada Nelly Villamizar.
"Ahora por incumplir el fallo del Consejo de Estado pierde la ciudad en desarrollo, recursos, gestión y empleos. Desafortunadamente se hundió el POT que presentó Peñalosa, que estaba perfecto, armonizaba y protegía el río, pero hubo razones políticas, solamente políticas, ni una sola razón técnica y hoy vemos las consecuencias. Se paralizan todos los planes parciales, se paraliza todo el desarrollo de la ciudad, las construcciones, diferentes proyectos y se afectan las finanzas. Estamos en una incertidumbre", manifestó.
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao también cuestionó la decisión de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca porque, según dijo, paralizará la construcción de 80 mil viviendas, destruirá más de 100 mil empleos y frenará la inversión de 7 billones de pesos.
