Varios anuncios del Gobierno entrante, específicamente de su ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, han suscitado varias preguntas sobre el futuro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Empezando, por supuesto, por la confirmación de que se buscaría el tránsito de los cuerpos policiales del Ministerio de Defensa a una nueva cartera.
Esta nueva entidad, que se suma a las nuevas carteras que prevé crear Petro, sería el Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. Una propuesta de campaña que se cumpliría, ya que en su plan de gobierno el presidente electo proponía redimensionar a la policía como un cuerpo “civil para la vida y la seguridad humana”.
No obstante, dicha propuesta inicialmente estaba pensada como la reubicación de la Policía Nacional bien sea en el Ministerio de Interior o de Justicia, para “recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades”. Esto, en función de las recomendaciones que en su momento le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano.
Ahora, esa decisión (ya en firme) se inclina hacia rumbos diferentes, aunque fue el mismo Velásquez, en entrevista con Revista Cambio, quien aseguró que no había nada que temer porque su decisión no está encaminada a la persecución irracional o el odio en contra de las fuerzas. Simplemente, explicó que es una medida que permitiría “ganar en civilidad y en respeto por el Estado de derecho”.
Por otro lado, dejó claro que el Gobierno no será permisivo frente a las violaciones de derechos humanos. Una posición que el ministro Velásquez ya expresó en el pasado, por ejemplo en coyunturas como el Paro Nacional, donde se mostró bastante crítico frente al accionar de la policía.
Según el plan de gobierno, este cambio de enfoque irá desde el plano general de las grandes violaciones a los derechos, hasta las pequeñas: “Cesará la persecución policial a los trabajadores informales, quienes de forma organizada accederán a procesos de formación y participarán de forma vinculante en la construcción de la política del espacio público. La policía como órgano civil de la sociedad, actuará en primera instancia con herramientas de carácter pedagógico”.
En ese mismo texto se vislumbran otros cambios importantes: “La nueva Policía garantizará la convivencia y seguridad humanas, no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares,ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales, como cargar maletas o hacer mercados”.
El Esmad, la UNP y otros anuncios
El traslado de ministerio a la Policía no es el único anuncio y reforma que se avizora para la institución y las fuerzas armadas. De hecho, en esa misma entrevista Iván Velázquez metió en el paquete la eliminación del servicio militar obligatorio y la revisión exhaustiva sobre el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
En relación con el servicio militar, el ministro designado especificó que éste debería ser voluntario, mientras que frente al Esmad tomó una posición más reflexiva asegurando que es “un tema que hay que revisar con cuidado”, aunque dejando claro que “el Esmad como se ha conocido no puede continuar”.
Una posición radicalmente opuesta a la del saliente gobierno de Iván Duque y el pasado Congreso, que de hecho condecoró al Esmad en la pasada legislatura con la orden al mérito de la democracia, en grado de “Gran caballero”. Galardón entregado por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.
Por otro lado, dentro de los resultados que se presentaron del proceso de empalme, el equipo delegado por Petro para el sector del Interior puso sus ojos en la Unidad Nacional de Protección, que tendría un papel crucial en la protección de los líderes sociales. Por eso, se buscaría que tenga un enfoque más hacia la prevención. De hecho, se contempla su cambio de nombre a Unidad Nacional de Prevención y Protección.
Esto, entre otras cosas, porque se habría evidenciado “ineficiencia en las solicitudes de protección” y serias carencias como la falta de vehículos y agentes para los esquemas de protección o la tercerización de una gran parte de este importante servicio. Añadiendo como problemática que la evaluación de riesgo esté en manos del sector defensa y no del ámbito civil.
Mientras tanto, en el nuevo Congreso se preparan varios proyectos que de alguna manera pueden tener una incidencia en la labor de la Policía Nacional o que de hecho respaldan los anuncios, empezando por el proyecto de ley 038 de 2021, “por el cual se ordena el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), se crea la Unidad especial de diálogo y mediación policial y se dictan otras disposiciones”.
A la par, se mueve la reforma policial con el proyecto 031 de 2021, que, de ser aprobado, daría vía libre al paso de la Policía al Ministerio del Interior, estipulando además las funciones civiles de la policía, la reestructuración del régimen de carrera policial, la formación en derechos humanos, los límites en el uso de la fuerza, la prohibición de la fuerza letal, entre otras disposiciones.
Otro proyecto que ha tomado fuerza por estos días es uno de los presentados por el partido Comunes que “reconoce y reglamenta las Guardias indígenas campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”, estipulando entre sus “distintivos” elementos como chaleco reflectivo, botas, machete e incluso “bolillo simbólico”. Un proyecto que, para algunos sectores políticos, significaría ceder el monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Así las cosas, lo cierto es que de un lado o del otro, la necesidad de generar cambios en la Policía es reconocida de cara a mejorar la confianza de la ciudadanía y hacer más transparente a la institución. Un cambio que empezó con la reforma a la Policía que llevó a cabo Duque tras la acalorada coyuntura del Paro Nacional, pero que a los ojos del entrante Gobierno requiere ser mucho más profundo y estructural.
