La Procuraduría General de la Nación suspendió a la alcaldesa de Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, durante cinco meses, por irregularidades en contrataciones durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Covid-19,
De acuerdo con el ente de control, la alcaldesa del Socorro habría cometido faltas en un proceso contractual por valor de $125.756.280.
La Procuraduría Regional de Santander comprobó que la mandataria local suscribió un convenio con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores.
El contrato se celebró a pesar del aislamiento obligatorio que cobija a los adultos mayores, y sin que la institución tuviera la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.
El ente de control determinó que se pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación, con las hojas de vida de las personas que fueron vinculadas al proyecto, pese a que en estas no se encontraron ni trabajos, ni actividades, ni los estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado y apoyo de adultos mayores.
Para la Procuraduría la alcaldesa del Socorro debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, las cuales derivaban en la no contratación de actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos de ley.
Con la conducta, la alcaldesa quebrantó los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, de acuerdo con la Procuraduría.
El ente de control calificó la falta de Porras Rodríguez como gravísima a título de culpa grave y la alcaldesa deberá separarse del cargo de manera inmediata.
La defensa de la disciplinada interpuso recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
