En la madrugada de este martes, la tranquilidad del norte del Valle de Aburrá se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia. Un peaje fue destruido con explosivos en el municipio de Girardota, en Antioquia, en un hecho que las autoridades locales atribuyen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque la detonación provocó serios daños en la infraestructura, los reportes oficiales confirman que no hubo personas heridas ni fallecidas.
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¿Cómo ocurrió el ataque?
El estallido se registró a las 4:17 a. m. hora local (09:17 GMT), cuando individuos aún no identificados activaron una carga explosiva contra la estructura del peaje. La Alcaldía de Girardota emitió un comunicado rechazando “de manera categórica” el atentado y subrayó que, a pesar de la magnitud de la explosión, no se presentaron víctimas.
El incidente obligó a las autoridades a iniciar un barrido del área para descartar la presencia de otros artefactos y asegurar el tránsito vehicular en este corredor estratégico del departamento.
Reacciones inmediatas y señalamientos
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, quien condenó lo ocurrido e indicó que la acción violenta habría sido ejecutada por integrantes del ELN. El mandatario local, opositor del Gobierno nacional, relacionó el atentado con los resultados de la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, asegurando que “el terrorismo crece como producto de la fallida Paz Total del Gobierno Petro”.
Su postura reabrió el debate sobre el impacto que la estrategia de negociación con grupos armados está teniendo en territorios donde históricamente han operado estructuras ilegales.
Un departamento con presencia de múltiples actores armados
El ataque en Girardota se suma a una lista creciente de hechos violentos en Antioquia, una región donde confluyen distintas organizaciones ilegales. Además del ELN, operan facciones disidentes de las antiguas FARC, así como el Clan del Golfo —también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, considerado por las autoridades como la mayor estructura criminal del país y heredera de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esta mezcla de actores armados ha convertido al departamento en un escenario de disputa territorial que afecta a poblaciones rurales y corredores viales estratégicos.
Un conflicto que se agudizó en 2024
No se trata de un hecho aislado. Organismos internacionales han advertido sobre el retroceso en materia de seguridad y la creciente intensidad de las hostilidades en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que 2024 fue el año más crítico para el conflicto armado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016.
Este atentado, aunque no dejó víctimas, es una nueva muestra de la compleja situación que enfrenta el país, donde la violencia sigue afectando infraestructura clave y poniendo en riesgo a comunidades enteras.
*Con información de EFE*
