Colombia atraviesa un preocupante aumento de la violencia por parte de la delincuencia común y de bandas del narcotráfico que en los últimos días han cometido varias matanzas y que, a diferencia de la del conflicto armado, ocurre no solo en las zonas rurales sino en los centros urbanos.
En Ese sentido, algunos de los hechos que mayor preocupación generan: la aparición de cuerpos desmembrados en Bogotá, catorce masacres cometidas en poco más de un mes y atracos múltiples en lugares concurridos son algunos de los crímenes que tienen azotado a un país en el que aún no se conoce con claridad cuál va a ser la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
Durante el pasado fin de semana la violencia dejó 14 muertos en dos hechos ocurridos en la ciudad caribeña de Barranquilla y en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander (noreste).
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En esta última localidad, un profesor, su esposa y sus dos hijos fueron asesinados en su propia casa por delincuentes, cuatro de los cuales fueron a su vez linchados por vecinos de las víctimas.
La necesidad de una política de seguridad
Para Fernando Rojas Parra, profesor de Políticas Públicas en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario, lo primero que debe hacer el Gobierno de Petro para enfrentar este problema es "definir cuál es la política de seguridad ciudadana urbana".
"En este momento no le conocemos un solo pronunciamiento de fondo al ministro de Defensa (Iván Velásquez) frente a ese tema", añadió el experto. En Colombia, la seguridad ciudadana depende de la cartera de Defensa, a la cual está adscrita también la Policía.
Y es que la violencia se ha recrudecido en las últimas semanas en el país a pesar de la ambiciosa iniciativa de Petro de lograr una "paz total" con los grupos armados ilegales.
Esto incluye negociaciones de paz en casos como el de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias de las antiguas FARC.
Rojas considera válida esa propuesta, pero cree que llevarla a cabo crea "unos desafíos gigantescos a la hora de articular a todas las entidades encargadas de generar oportunidades en las zonas donde hoy la delincuencia es la única alternativa para que las personas encuentren su sustento".
Con información y redacción de EFE
