El recrudecimiento de la violencia en el norte del departamento del Cauca es un fenómeno que ha encendido las alarmas a nivel nacional e internacional. En las últimas semanas se sumaron dos masacres y numerosos homicidios que tienen en alerta a varios municipios y comunidades indígenas, afro y campesinas del departamento.
El Cauca es una región del país en la que, debido a diferentes factores, la violencia siempre ha estado presente. Sin embargo, luego de un lapso en el que los homicidios alcanzaron a disminuir, la crueldad regresó a esa zona del territorio nacional.
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Las causas del recrudecimiento de la violencia, según expertos e integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) son varias, incluyendo la disputa por los territorios y el narcotráfico, entre otros, que han provocado numerosas masacres.
Kienyke.com habló con analistas y un integrante del Cric para dar un contexto más amplio y entender cuál es la situación en la que viven los habitantes de la región.
La primera masacre de esta nueva ola de violencia fue el pasado 29 de octubre. En zona rural del municipio de Toribío asesinaron a la gobernadora del resguardo Tacueyó, Cristina Bautista y cuatro guardias más.
Luego, el 31 de octubre en la vereda Santa Elena, En Corinto, mataron a cuatro personas más. Las víctimas eran un grupo de topógrafos que trabajaban en la zona.
El sábado 2 de noviembre en la vereda Loma Linda, ubicada en Toribío, asesinaron al comunero Alexander Vitonás de 18 años. El domingo siguiente, es decir el 3 de noviembre, le quitaron la vida a Jesús Mestizo de 43 años, fundador de la asociación indígena Avelino Ull.
Kienyke.com intentó contactar al Gobierno pero hasta el día de publicación de esta nota no tuvo respuesta.
Disputa de grupos ilegales por el territorio
León Valencia Agudelo, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) aseguró que al Cauca y específicamente a las comunidades del norte del departamento, “les están cobrando su resistencia”. El analista explicó que los líderes indígenas “siempre se han opuesto, en su mayoría, a los grupos armados ilegales”, también han reivindicado su autonomía frente al Estado y se han opuesto al narcotráfico. Valencia argumenta que en el Cauca "hay 512 mil víctimas de los ocho millones a nivel nacional", según el Registro Único de Víctimas (RUV). Agregó que además están las muertes selectivas de líderes sociales y reincorporados de las Farc. El politólogo explicó que en su conjunto este es uno de los departamentos “más sacrificados”. Expresó que se debe tener en cuenta que las comunidades indígenas de esa zona del país defienden su territorio y recursos naturales, resisten, no migran, no se van.“Eso es un poco distinto a otras partes del país donde la gente se exilia, se cambia de ciudad. Las poblaciones se desplazan. En el Cauca los indígenas se quedan en su territorio para defenderlo y pagan con su vida eso”, dijo Valencia.El analista también explicó que los homicidios de excombatientes y de líderes indígenas son de naturaleza distinta pero que involucran a los mismos actores. En el caso de los reincorporados de las Farc podrían ser debido a sus “viejos conflictos” aunque también el tema de la estigmatización es un factor importante. Asimismo indicó que lo que está pasando en el Cauca es “una nueva realidad”, resultado de la “reacomodación de los actores armados luego de la firma del proceso de paz”. Allí grupos ilegales se disputan los territorios y para eso utilizan mecanismos violentos. Esa misma tesis la respalda Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea Conflicto de Pares. En diálogo con este medio, Restrepo afirmó que “tras la firma del Acuerdo de Paz, hubo una disminución de la violencia en territorios donde las Farc tenían control. Pero tras esa violencia lo que se espera es que el Estado llegue con seguridad y justicia, que son los elementos de cualquier posconflicto".
Una región abandonada por el Estado
Un vacío territorial puede ser la puerta de entrada para la ilegalidad. Es en ese momento cuando otras estructuras criminales llegan para disputarse la zona y tener el control de los cultivos ilícitos. Según Restrepo, "el único interés es hacerse de las rentas económicas y donde el Estado es débil". [single-related post_id="1207243"] El analista también indicó que, frente a la información de que hay grupos provenientes de México, más precisamente del Cartel de Sinaloa, investigaciones de Pares han evidenciado que se trata de tácticas de intimidación de los grupos ilegales colombianos en la zona. "Al parecer son estructuras de narcos que le están pagando a disidentes de las Farc para que asesinen a personas que vayan en contra de los intereses ilegales de esas estructuras", puntualizó el investigador. El Estado también juega un papel importante en toda esta situación de violencia que viven las comunidades del norte del Cauca. “Hay siete batallones en el Cauca, la presencia es continua de las Fuerzas Militares, hay una crisis de legitimidad por falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas”, explicó Restrepo. El analista afirmó que “realmente lo que ha habido es una visión del estado vertical, un enfoque muy militar dejando a un lado otras formas de salida como la educación y la salud, y lo que genera es una vulneración de los pueblos indígenas. El Cauca necesita recursos y autonomía”.La visión de un integrante del Cric
Por otra parte, Kienyke.com habló con uno de los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Ricardo* contó que los hechos que se han presentado en las últimas semanas “tienen un nivel de sistematización que el Gobierno conoce”. Explicó que las comunidades indígenas tienen unos principios, objetivos, plan de vida y proyección que parte de un principio que es la defensa del territorio. “Dentro de eso defender los recursos naturales y la vida como tal y todo lo que nos rodea”. Ricardo considera que la violencia en el norte del Cauca no es una situación naciente. De acuerdo con el integrante del Cric grupos al margen de la ley o hasta el mismo Gobierno tienen intereses particulares en esa zona del país y no dejarán que sean las comunidades indígenas las que tengan el control de la región. “Acá hay muchos recursos naturales de los que el Gobierno y multinacionales tienen ambición y nosotros no permitimos que ellos ingresen” expresó el líder indígena, y añadió que la zona más afectada está compuesta por rutas que utilizan estructuras ilegales y ante cualquier obstáculo por parte de las comunidades responden con el asesinato. Para el integrante del Cric los hechos violentos se han presentado desde mucho tiempo atrás pero los medios de comunicación no lo informan por no ser masacres, contrario a lo que pasó en las últimas semanas. “Hay una alianza entre el Gobierno y actores armados para debilitar a los indígenas y así aprovecharse de los recursos”, reveló el hombre. En el caso específico de la masacre en Tacueyo, Ricardo manifestó que varias tanquetas militares llegaron a la zona y se ubicaron en la cabecera municipal sin hacer nada. * Nombre cambiado para proteger su identidad.Ola de asesinatos en las últimas semanas
La primera masacre de esta nueva ola de violencia fue el pasado 29 de octubre. En zona rural del municipio de Toribío asesinaron a la gobernadora del resguardo Tacueyó, Cristina Bautista y cuatro guardias más.
Luego, el 31 de octubre en la vereda Santa Elena, En Corinto, mataron a cuatro personas más. Las víctimas eran un grupo de topógrafos que trabajaban en la zona.
El sábado 2 de noviembre en la vereda Loma Linda, ubicada en Toribío, asesinaron al comunero Alexander Vitonás de 18 años. El domingo siguiente, es decir el 3 de noviembre, le quitaron la vida a Jesús Mestizo de 43 años, fundador de la asociación indígena Avelino Ull.
Kienyke.com intentó contactar al Gobierno pero hasta el día de publicación de esta nota no tuvo respuesta.
