El crimen de Manuel Antonio González Buelvas, un exguerrillero en proceso de reincorporación el pasado viernes, prendió las alarmas sobre la situación de seguridad del municipio de Ituango, donde está uno de los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR), los lugares previstos por el acuerdo de paz firmado en 2016 para llevar a cabo el proceso de reinserción a la vida civil de los miembros de la desmovilizada guerrilla.
Según un comunicado divulgado por el partido Farc, este lunes 16 de diciembre, los campesinos de Ituango, “que se reservan revelar su identidad por cuestiones de seguridad”, informaron a la dirección del ETCR, que en la vía que conduce de Ituango hacia Santa Lucía, “hacen presencia hombres armados de un grupo, aun no identificado, que han anunciado que asesinaran a cualquier exguerrillero que recorra la vía el día de hoy”.
“Actualmente, los miembros del ETCR se encuentran confinados y en estado de zozobra. Así mismo, los reincorporados que habían salido temprano hacia la cabecera municipal, no pueden regresar al ETCR por el temor”, agrega la nota de prensa.
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Camilo Fagua, abogado y defensor de derechos humanos del partido, detalló que lo que ocurre en Ituango está relacionado con la presencia de estructuras armadas ilegales (paramilitarismo, narcotráfico y disidencias de Farc), grupos que hacen presencia en dicho territorio pese a que la Fuerza Pública está alrededor del ETCR.
“Es una situación contradictoria, pues en la lógica de la seguridad gubernamental, entre más fuerza pública haya dichos grupos estarían disminuidos”, dijo Fagua.
Además, el abogado señala que no podría hablar de una sola variable de los crímenes, pues los móviles han sido distintos en cada hecho.
“Preocupa es que los departamentos con mayor número de asesinatos son Cauca, Antioquía, Nariño, Caquetá y Norte de Santander, lo cual coincide con los lugares donde han venido asesinando líderes sociales”, añadió.
Igualmente, Fagua subraya que la mayoría de municipios dónde han ocurrido los hechos violentos han sido territorios que el Acuerdo de Paz priorizó con los denominados Planes de Desarrollo Territorial, y lamenta que el punto 3.4 del Acuerdo no se ha cumplido: “Por ejemplo, el programa integral de protección, no lo han querido poner en marcha”.
Debido a estos hechos, el Consejo Departamental de esta colectividad emitió una alerta temprana ante el Gobierno Nacional (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio del Interior), la Misión de Verificación de la ONU, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), y las Fuerzas Militares y de Policía, por el “aumento en el nivel de riesgos y de hechos violatorios de los derechos humanos en el municipio de Ituango y en especial con la población del ETCR Román Ruiz”, ubicado en la vereda Santa Lucía.
La colectividad elevó la voz de la población del ETCR Román Ruiz, y “declaró” como responsables de cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en esta zona a la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Técnica de Seguridad y Garantías, una instancia creada también en el Acuerdo de Paz, que tiene participación de representantes del Gobierno.
El abogado del partido Farc indica que la solución al asunto de seguridad “no debe ser el despliegue de la fuerza pública”, como ha venido haciendo el Estado, “pues se siguen fortaleciendo los grupos criminales”, sino con el cumplimiento integral de lo acordado en La Habana.
El municipio con mayor número de crímenes de excombatientes después de la firma de la paz es Tumaco (Nariño), con 14 casos. Ituango es el segundo. Y desde entonces, en total, 171 miembros de la desmovilizada guerrilla y más de 30 de sus familiares han sido asesinados hasta hoy.
A pesar haberle puesto fin a la guerra con las Farc, desde noviembre de 2016, Ituango continúa siendo lugar de hechos victimizantes, como desplazamientos forzados.
