Una delicada situación que se ha venido presentado en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y Murindó, debido al enfrentamiento entre grupos armados, ha ocasiona
Una delicada situación que se ha venido presentado en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y Murindó, debido al enfrentamiento entre grupos armados, ha ocasionado el confinamiento de cerca de 1.000 familias indígenas Embera Eyábida.
Así lo denunció la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que señaló que producto de esta situación cerca de 500 estudiantes no han podido asistir a sus clases, por el temor de quedar en medio de los enfrentamientos que sostienen organizaciones criminales.
Según señaló esa organización, estos enfrentamientos armados son producto de la disputa de las rutas del tráfico de drogas, ya que estas regiones del departamento son corredores estratégicos utilizados por grupos armados al margen de la ley, para movilizar grandes cantidades de drogas.
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“La Organización Indígena de Antioquia, denuncia ante las opinión pública Nacional e Internacional y ante los organismos defensores de Derechos Humanos, la grave situación humanitaria que se registra en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y Murindó del departamento de Antioquia, donde las comunidades indígenas son sometidas a la violación constante de los derechos fundamentales, por parte de los grupos armados al margen de la ley, que poco a poco hacen ocupación territorial de los territorios ancestrales”, señaló esa organización por medio de un comunicado.
Para la OIA esta situación aumenta el riesgo de las comunidades indígenas, al ser afectadas por la siembra incriminada de minas antipersonas, confrontaciones armadas, ataques indiscriminados, acceso limitado a servicios básicos, riesgo por posible reclutamiento forzado, confinamiento en sus viviendas, limitación a las prácticas organizativas y de autonomía indígena.
De acuerdo con esa organización, los enfrentamientos armados comenzaron desde el pasado 26 de agosto y con el paso de los días de han agudizado, es por eso que hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación de Antioquia, para que adelanten acciones conjuntas y se puedan mitigar inmediatamente los riesgos a los que están expuestas las comunidades.
