En las últimas semanas, una serie de ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha encendido las alarmas de las autoridades. Los hechos, según las investigaciones preliminares, estarían relacionados con una estrategia de grupos criminales para presionar al Estado en torno al manejo de reclusos de alta peligrosidad.
El caso más reciente ocurrió el martes 7 de octubre en Cali, donde el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo en la cárcel de mediana seguridad de Villahermosa. Aunque aún no hay un informe oficial sobre el crimen, se sabe que las autoridades adelantan una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales.
Días antes, en Bogotá, cuatro guardianes de la cárcel La Modelo fueron víctimas de hostigamientos similares. Estos hechos se suman al ataque del 26 de septiembre, cuando lanzaron una granada al vehículo del director regional del Inpec en Cali, hecho que desató una respuesta inmediata del Gobierno.
Reacción del Gobierno y plan de contingencia
Tras los primeros ataques, el Ministerio de Defensa convocó una reunión extraordinaria junto al Inpec, la Fiscalía General y la Policía Nacional para articular una estrategia de seguridad. Como parte del plan, se anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura de los responsables.
“El esfuerzo se enmarca en una respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales”, señaló el Inpec en un comunicado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó además reforzar la seguridad de los guardianes en todo el país y trabajar de manera conjunta con la Policía y la Fiscalía.
Cabecillas tras los ataques
De acuerdo con información de inteligencia, los principales sospechosos serían Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, y alias ‘Chinga Pipe’.
Alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda La Inmaculada, estaría detrás de maniobras para evitar su traslado a La Modelo, tras ser removido de La Picota. Por su parte, Chinga Pipe dirige redes de microtráfico desde Villahermosa y habría ordenado varios ataques para desestabilizar el sistema carcelario.
Temor entre los guardianes
Desde el sindicato del Inpec, funcionarios han expresado su preocupación por el aumento de los ataques y la falta de garantías para su seguridad.
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“Como cuerpo de custodia y vigilancia estamos en una encrucijada lamentable. Las bandas delincuenciales con el poder que tienen hoy están mostrando que se paga con la vida cualquier control que se ejerza”, afirmó un representante del sindicato en diálogo con Caracol Radio.
Las autoridades continúan las investigaciones y no descartan nuevos operativos en cárceles del país, mientras los funcionarios del Inpec siguen cumpliendo su labor en medio de una creciente sensación de riesgo e incertidumbre.
