Cuatro hombres y una mujer fueron capturados durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente torturar, golpear y abusar psicológicamente de 35 pacientes que se encontraban internados en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS)
El lugar llamado “Resurgir a la vida” tenía el objetivo de brindar tratamiento y atención psicológica a personas con problemas de adicción y quedaba ubicado en la carrera 71 con calle 51. Las autoridades hicieron una investigación de un mes acerca de los hechos de violencia que ocurrían dentro del lugar antes de proceder a la captura y posterior imputación de cargos.
Se conoce que los encargados de la institución engañaban a los familiares de las víctimas para internarlas por la fuerza. Posteriormente, las bañaban con mangueras y escobas cuando ingresaban por primera vez al lugar y luego las sometían a diferentes castigos por no cumplir con las tareas diarias que los torturadores les dejaban.
Además, las personas con problemas de obesidad eran amarradas con cuerdas durante los almuerzos y cenas para que vieran a sus compañeros comer. Asimismo, todos los pacientes eran vigilados constantemente durante las visitas de sus familiares para que no contaran las humillaciones a las que eran sometidos.
Por otro lado, la sobrepoblación en el lugar era inhumana ya que la institución contaba con una capacidad para 25 personas pero albergaba a casi 40 y las condiciones estructurales de la edificación no permitían la correcta ventilación del sitio razón por la cual varios pacientes se contagiaron de varicela y covid-19, enfermedades que no fueron atendidas en ningún momento por las personas encargadas del lugar.
Se presume que los malos tratos hacía los pacientes se debían a su condición física, sexual y por las adicciones que tenían, dos de las víctimas eran menores de edad y fue necesaria la presencia del ICBF en el operativo para resguardar los derechos fundamentales de los infantes.
Durante la aprehensión fueron incautados computadores, grabaciones de 28 cámaras de seguridad, medicamentos, elementos de inmovilización y un teaser de voltaje que presuntamente era usado para las torturas.
Los implicados que responden a los nombres de Jairo Masmela García, Tiberio Azcárate, Leonardo Casas y Álvaro Azcárate fueron imputados por los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada con fines de castigo y discriminación, concierto para delinquir y amenazas y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Paula Betancur, la mujer presuntamente implicada en los hechos, fue dejada en libertad pero estará relacionada al caso hasta que no demuestre su inocencia.
