A través de su cuenta oficial de Twitter el exconcejal de Bogotá señaló a Felipe Morales Sánchez, cónyuge de la secretaria de planeación María Mercedes Jaramillo Garcés, de beneficiarse de manera irregular de varios contratos del distrito aprovechando su posición como pareja de la funcionaria.
"No está bien que la pareja sentimental de una secretaria del despacho de Claudia López, que lideró todo el proceso del POT y que acolitó que la alcaldesa lo sacara por decreto, durante esta alcaldía haya suscrito contratos por más de 800 millones con diversas secretarías de este Gobierno", afirmó Forero.
El exconcejal explicó que fueron 6 los contratos que celebró Morales durante los años 2020, 2021 y 2022 en la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de la ciudad por montos que superan los 860 millones de pesos.
Lo que llamó la atención del exfuncionario fue que Morales, durante el gobierno de Enrique Peñalosa, había estado a cargo de contratos por 260 millones de pesos durante el periodo de 4 años del exalcalde pero que, sospechosamente, el monto de las contrataciones aumentó considerablemente en los dos años que lleva la alcaldía actual.
El distrito, por su parte, afirma que no existen las supuestas irregularidades denunciadas por Andrés Forero ya que los honorarios de Morales van acorde a las tablas de precios de las secretarías para las que trabaja y las labores del funcionario no se cruzan con las tareas realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación.
Además, se señala que Felipe Morales firmó los contratos antes de que su esposa fuera escogida como secretaria de planeación y que el funcionario lleva trabajando de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el año 2007, pasando por los períodos de los exalcaldes Luis Eduardo Garzón, Gustavo Petro, Samuel Moreno y Enrique Peñolosa.
Este escándalo se suma al de Karen Vaquiro, esposa del exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Andrés Mayorquín, que fue señalada por tener más de 20 de contratos con el estado que presuntamente habría obtenido gracias a la posición de su esposo como asesor de la jefe de gabinete, María Paula Correa.
El hecho le costó a Mayorquín su puesto como asesor de presidencia y una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias.
