Este martes 13 de abril el Distrito y el Ministerio de Justicia llegaron a un acuerdo para mejorar las condiciones de las cárceles en Bogotá. La alcaldesa Claudia López junto con el ministro Wilson Ortiz establecieron unas medidas que reducirán el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión.
Durante el encuentro, Claudia López estaba acompañada del secretario de Seguridad, Hugo Acero. Ambos coincidieron en que es necesario y urgente avanzar en los traslados de reclusos de URI y estaciones de Policía a las cárceles nacionales, haciendo énfasis en los condenados (incluidos los de la Cárcel Distrital) y sindicados de alto perfil de seguridad.
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Ante la problemática presentada por la Alcaldía, el Ministro de Justicia se comprometió en realizar un cronograma con el INPEC para reducir el hacinamiento. La idea es recibir algunos detenidos y trasladarlos a los penales de la ciudad, que son del orden nacional.
Vale la pena recordar que el hacinamiento en las URI, estaciones de Policía y/o centros de detención transitoria, alcanza un 150%.
En la reunión también se avanzó en el diseño del convenio entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor Bogotá para el traslado de las cárceles El Buen Pastor y Modelo que pasarán a predios de la Cárcel Picota.
Por el momento, los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, INPEC, USPEC y Secretaría de Seguridad ya concertaron el borrador del convenio marco a celebrarse para apoyar a la Nación con el traslado de las cárceles Buen Pastor y Modelo. También se adelantó la cesión de una porción de esos predios en el área donde se encuentra La Picota, para desarrollar una sede adicional de la Cárcel Distrital.
Otras noticias con el sistema penitenciario
El Ministerio de Justicia alista una propuesta con respecto al hacinamiento en los centros penitenciarios del país que, seguramente, causará profunda controversia.
A grandes rasgos consiste en que el Estado asuma el pago de las cuotas alimentarias de los hijos de quienes están presos por inasistencia alimentaria, pues es más barato que costear a una persona recluida en una cárcel.
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La idea fue comunicada por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, en medio del foro de Asocapitales "Cárceles y Ciudades Capitales". Afirmó que para el Estado resulta menos costoso responder por esas cuotas alimentarias que costear los gastos de un interno, que según explicó, rondan los dos millones quinientos mil pesos.
"Es una vergüenza que tengamos tantos condenados por inasistencia alimentaria, cada interno nos cuesta 2 millones 400 mil pesos, yo pensaría que al Estado le saldría más barato, dándoles 600 o 700 mil pesos a la madre del menor y no tener un problema de hacinamiento que nos cuesta tanto dinero", explicó Ruiz Orejuela.
