De acuerdo con las cifras entregadas por la Personería, 376 personas han presentado peticiones y quejas por presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, actos de estigmatización, discriminación o xenofobia por parte de la fuerza pública en Bogotá, 202 de ellos, entre el 9 y 14 de septiembre, a partir del asesinato de Javier Ordóñez.
Para el 31 de agosto de 2020 el ente de control tenía el reporte de 174 casos de presuntas irregularidades en la actuación de la Policía, de los cuales 141 se trasladaron antes de la muerte de Javier Ordoñez, para las investigaciones disciplinarias y penales.
Con los disturbios del 9 de septiembre se incrementaron los requerimientos recibidos en la entidad. De especial gravedad los hechos reportados, donde 75 personas fueron heridas por armas de fuego, quejas que fueron asumidas por la Procuraduría que adelanta las investigaciones disciplinarias.
En este sentido, se solicitó a la Fiscalía que investigue la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones personales, homicidio, violación de domicilio, violencia de género, estigmatización en las protestas sociales, al presentarse durante estas 9 personas muertas y 581 heridas, 216 miembros de la Policía y 365 civiles.
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Según cifras de la Personería en 2019 se habían registrado 331 requerimientos ciudadanos por posible abuso de autoridad policial, incidiendo las protestas del 21 de noviembre. En 2018, hubo 153 reportes y en 2017, 207.
El ente de control también hizo un balance de las distintas confrontaciones del 9 al 13 septiembre entre los manifestantes y los uniformados de la Policía que dejaron, el 9 de septiembre, 61 buses rojos vandalizados y 9 incinerados, así como 152 buses azules averiados, y otros 5 incinerados.
Alrededor de 100.000 personas fueron afectadas al no poder movilizarse y debieron caminar largos trayectos para regresar a sus hogares. Más de 70 instalaciones de la Policía fueron atacadas, alrededor de 56 vehículos y 87 motos de la Institución averiadas.
Según los reportes ciudadanos y de organizaciones civiles, la Policía estuvo utilizando armas de fuego contra los manifestantes, lo cual resulta de especial atención de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
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Las protestas sociales continuaron, el blanco de estas fueron nuevamente los CAI de la Policía, atacados con piedras y otros objetos. En estos disturbios volvieron a prenderle fuego a algunos CAI, destruyeron los ubicados en los barrios Las Ferias, Libertadores, La Macarena, La Gaitana y Verbenal, entre otros.
Alrededor de las 9 de la noche del 10 de septiembre se presentó el robo de un bus de SITP donde atracaron a sus pasajeros, en el proceso de huida atropellaron a una mujer que murió minutos después en el Hospital de Suba. En esta jornada 11 CAI fueron vandalizados, en total 79 CAI vandalizados y otros incinerados, considerando que en total son 256 CAI en Bogotá.
Además, se recibieron manifestaciones de presuntas acciones de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de uniformados de la Policía en Verbenal, Suba y Kennedy, así como el uso piedras, palos, y otro tipo de objetos.
De otra parte, se indica el supuesto intercambio de entrega de armas entre personas vestidas de civil y uniformados de la Policía, al parecer, presencia de agentes no identificados en las calles actuando de manera coordinada y el ocultamiento de placas por parte de algunos uniformados.
