El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, avaló la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá, obra que será subvencionada por la administración distrital y el Estado Colombiano.
Tras la decisión de esta cartera, la iniciativa tendrá que ser soportada por un documento Conpes y un acuerdo de cofinanciación para que la jurisdicción de Bogotá inicie una licitación pública en búsqueda de oferentes.
Los pronósticos de la Empresa Metro sugieren que los dos requisitos serán radicados a principios del mes agosto. Asimismo, se espera que la adjudicación del proyecto sea una realidad en noviembre del 2023.
El costo de la obra es de 35 billones de pesos, el 70% del valor total de la segunda línea será sufragado por el gobierno y el resto tendrá que ser aportado por el distrito capital.
La nueva construcción consiste en la creación de un trayecto de 15,5 kilómetros de longitud que beneficiará a 2.5 millones de habitantes de Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Engativá.
La mayoría de las estaciones del metro serán subterráneas y abarcarán el recorrido entre la Calle 72 y el patio taller de trenes localizado en el sector Fontanar del Río, de esta manera se complementará la ruta de la primera línea del nuevo sistema de transporte.
Las características técnicas de los vehículos son similares a las del megaproyecto que se está realizando en la ciudad. “Tiene un grado de automatización igual al de la primera línea. Son trenes de 6 o 7 vagones capaces de transportar 1.800 pasajeros. Hará el recorrido en 21 minutos, con velocidades máximas entre estación de 80 km/h y, en promedio, entre 42 y 43 km/h”, aseguró Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, al diario El Tiempo.
La EMB espera que la segunda línea comience a operar comercialmente en el año 2032, lo que significa que las labores tanto administrativas como de construcción podrían tardar al menos 10 años.
A pesar esto, Narváez asegura que se han logrado grandes avances teniendo en cuenta la cantidad de requerimientos y documentación que se debe radicar en diversas entidades de orden distrital y nacional.
“Sabemos cuáles son los pasos y qué sigue, y el marco jurídico está mucho más establecido que antes. Eso es lo que nos ha permitido ir avanzando en esos pasos de manera mucho más ágil”, señaló el funcionario al equipo editorial de El Tiempo.
