Víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia denunciaron en Argentina, al amparo del principio de jurisdicción universal, al expresidente Álvaro Uribe por las ejecuciones de civiles cometidas por las Fuerzas Armadas durante su Gobierno y conocidas como "falsos positivos".
Así lo informó este jueves el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en un comunicado, en el que detalló "mediante una querella presentada ante la justicia argentina al amparo del principio de jurisdicción universal, familiares y representantes de víctimas" buscan "que en esta instancia se investigue la responsabilidad penal" de Uribe.
"Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia. Una investigación por parte del juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales", agregó la información.
La demanda fue interpuesta por once víctimas y tres ONG colombianas que han acompañado estos casos durante años y que son el Cajar, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que estarán representadas en argentina por el abogado Máximo Castex.
Al respecto, Uribe respondió en la red social X que el Cajar representa a "falsas víctimas", ha dicho "infamias" sobre él durante 30 años y "se arropa en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda".
"Y también expreso a la justicia de Argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas", añadió el exmandatario.
Con el nombre de falsos positivos se conoce en Colombia la ejecución de jóvenes de bajos recursos por parte de miembros del Ejército que los reclutaban con falsas promesas de empleo y, una vez asesinados, los presentaban como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados a sus superiores y de esta forma obtener premios y otros beneficios.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio, ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de al menos 6.402 jóvenes.
