La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que tipifica por primera vez la el acceso carnal a animales como un delito independiente dentro del Código Penal colombiano.
La iniciativa, impulsada por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, busca cerrar un vacío jurídico que hasta ahora impedía sancionar esta conducta de manera específica.
“Esta es una ley inédita porque es el primer delito contra el maltrato animal que no es excarcelable, que va a hacer justicia y a reducir la impunidad” afirmó la congresista.
Según el texto aprobado, quienes incurran en este delito enfrentarán penas de entre 48 y 55 meses de prisión, es decir, un mínimo de cuatro años de cárcel. De acuerdo con la congresista, esto convertiría la conducta en el único delito relacionado con animales que no sería excarcelable.
Penas más severas en los casos más graves
La ley también establece circunstancias de agravación que permitirían aumentar las condenas hasta 140 meses de prisión, equivalentes a casi 12 años de cárcel.
Entre ellas se encuentran la grabación y difusión de los hechos, la reincidencia, la comisión del acto en espacios públicos, la presencia de menores de edad, el uso de sevicia o la muerte del animal como consecuencia de la agresión.
Asimismo, los condenados podrían recibir multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cercanas a los 90 millones de pesos, además de inhabilidades de hasta cinco años para tener animales, trabajar con ellos o desempeñar actividades relacionadas con su cuidado.
La norma contempla sanciones más severas cuando el responsable tenga una relación de confianza con el animal, como ocurre en los casos de veterinarios, cuidadores, paseadores o tenedores responsables.
Protocolos de investigación y campañas pedagógicas
El proyecto también ordena a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia diseñar protocolos de investigación y recolección de pruebas para facilitar la judicialización de estos casos.
De igual forma, establece la realización de campañas pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre la nueva tipificación del delito, sus consecuencias legales y los riesgos que estas prácticas representan para el bienestar animal y la salud pública.
