La decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30% a las importaciones desde Colombia, vigente desde el 1 de febrero de 2026, abrió una disputa comercial que escaló rápido. Colombia respondió con un gravamen equivalente a 20 productos ecuatorianos y suspendió de forma temporal las ventas de electricidad al vecino país. El choque ya no es solo de comercio: toca empleo, cadenas logísticas y la estabilidad de la relación en frontera.
¿Qué cambia para el comercio bilateral?
El arancel del 30% encarece, de golpe, los productos colombianos en Ecuador. Para empresas con márgenes estrechos, el efecto típico es inmediato: pedidos que se congelan, ajustes de precio o búsqueda de proveedores alternativos. No es un mercado menor. Reportes recientes ubican el intercambio bilateral cerca de US$3.000 millones entre enero y noviembre de 2025, con saldo favorable para Colombia.
Exportaciones, empleo y presión por sectores
El impacto no se reparte por igual. La exposición se concentra en sectores con ventas recurrentes al vecino país y en territorios que dependen del flujo fronterizo. En el listado de bienes que más se mueven aparecen energía eléctrica, medicamentos y productos químicos y agroindustriales, además de manufacturas ligadas a consumo y logística.
Si ese canal se frena, el golpe se siente en producción y empleo donde la demanda ecuatoriana pesa de verdad, y también en transporte, bodegas y distribución que operan con tiempos cortos.
La respuesta de Colombia: medida acotada, mensaje fuerte
Bogotá planteó su réplica como transitoria y revisable: arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos. En términos agregados, el Gobierno ha dicho que esas importaciones rondan US$250 millones al año, así que el efecto interno sería más focalizado que masivo. Es decir, el ruido se concentra en nichos que usan insumos ecuatorianos o compiten con esos bienes, más que en un alza generalizada de precios. El cálculo político es claro: subir el costo de sostener el arancel ecuatoriano y empujar una mesa de negociación antes de que se vuelva una guerra comercial larga.
Electricidad: de integración a "seguridad de abastecimiento"
La suspensión temporal de las transacciones de electricidad agrega una capa estratégica. El Ministerio de Minas y Energía la justificó por variabilidad climática y prioridad del abastecimiento interno. En paralelo, ocurre en medio del conflicto arancelario, así que el mensaje también se lee como presión. Autoridades colombianas han indicado que Ecuador puede recibir hasta 10% de su consumo eléctrico desde Colombia. Si el corte se prolonga, Ecuador tendrá incentivos para acelerar sustituciones (compras a terceros, más generación local, ajustes regulatorios), y Colombia puede perder peso como proveedor regional.
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CAN, frontera y el riesgo de mezclar agendas
Ecuador ha enmarcado su medida como "tasa de seguridad", asociándola a cooperación contra narcotráfico y minería ilegal; Colombia rechazó esa lectura. Cuando se usa el comercio para presionar temas de seguridad, aparecen dos riesgos: se enfrían canales técnicos bilaterales y crece el incentivo al contrabando y a flujos irregulares. Además, ambos países están en la Comunidad Andina (CAN), con reglas orientadas a facilitar el comercio intrarregional. Un arancel generalizado abre controversias y afecta la previsibilidad que necesitan exportadores e inversionistas.
Tres escenarios para 2026
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Desescalada rápida: consultas bilaterales, ruta CAN y ajustes puntuales para desmontar el 30%.
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Empate transitorio: aranceles vigentes por meses, electricidad intermitente y costos acumulados en frontera.
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Reconfiguración: si la tensión se sostiene, empresas rediseñan cadenas, Ecuador acelera sustitución energética y el comercio fronterizo cambia de forma más permanente.
