La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final de la actuación especial de fiscalización iniciada tras la denuncia del medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos suscritos en las vigencias 2023 y 2024 entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Los contratos hacían parte de un convenio interadministrativo celebrado entre la UIS y el Ministerio del Interior, cuyo objetivo era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, programa orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades en el país.
Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada previamente al escándalo de la Fundación Universitaria San José por la entrega de títulos falsos, fue contratada para apoyar ese componente del programa nacional.
La actuación del ente de control revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados, así como la supervisión ejercida por la entidad contratante. En el informe, la Contraloría advirtió debilidades desde la etapa precontractual.
“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control ‘UIS’ y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con los conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”, señala el documento.
- Le puede interesar: ¿Quién es Juliana Guerrero, la próxima viceministra de Juventud?
El informe agrega que “esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría estableció cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno con incidencia fiscal por valor de 2.000.000 de pesos. Estos se relacionan con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones, y observaciones en los soportes documentales de ejecución.
Los hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional. Según el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
