La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión histórica al ordenar a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia registrados en el país. El fallo representa un hito en la defensa de los derechos fundamentales, particularmente el derecho de acceso a la información y el derecho de petición de los periodistas que han investigado abusos sexuales dentro de instituciones religiosas.
La sentencia fue emitida por la Sala Plena del alto tribunal, que resolvió 50 tutelas acumuladas, muchas de ellas interpuestas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán. Ambos comunicadores han liderado investigaciones sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero colombiano, y la falta de transparencia por parte de la Iglesia ha sido uno de los principales obstáculos en su labor periodística.
El fin del secreto pontificio como escudo
Durante años, la Iglesia católica en Colombia se negó a entregar información relacionada con casos de pederastia, amparándose en el secreto pontificio. Sin embargo, la Corte Constitucional concluyó que este argumento no es constitucionalmente válido cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de las víctimas y el interés público.
Según el fallo, “no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada”, y añadió que “el funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar, de manera desproporcionada, los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística”.
Un triunfo para la libertad de prensa y las víctimas
Juan Pablo Barrientos, periodista de investigación y autor de libros sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes, celebró la decisión con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “¡Ganamos! La Corte Constitucional revisó y resolvió más de 120 tutelas que pedían al @episcopadocol entregar información secreta sobre casos de pederastia en Colombia”.
La Corte no solo reconoció el derecho de los periodistas a acceder a esta información, sino que también sentó un precedente clave sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas frente a crímenes de abuso sexual infantil. El fallo ordena revelar datos relacionados con sacerdotes y clérigos que hayan tenido labores pastorales y que estén implicados en denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Un largo camino hacia la verdad
La decisión se enmarca en un contexto en el que han salido a la luz múltiples denuncias por abuso sexual en Colombia cometidos por miembros de la Iglesia. Uno de los casos más notorios fue revelado por Fernando Llano Narváez, quien acusó al fallecido padre Darío Chavarriaga de abusar de él y sus siete hermanas en los años 70. Esta denuncia también apuntó al sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, por presunto encubrimiento.
En otro episodio, en junio de 2020, la Arquidiócesis de Villavicencio suspendió a más de diez sacerdotes por presunto abuso sexual, después de que un hombre denunciara hechos ocurridos en esa jurisdicción.
La decisión de la Corte Constitucional colombiana marca un precedente no solo en el país, sino en América Latina, donde la Iglesia católica aún goza de amplio poder institucional. El fallo abre la puerta para que las víctimas accedan a la verdad, la justicia y, eventualmente, la reparación.
Además, es un llamado a todas las instituciones, incluidas las religiosas, a rendir cuentas cuando están involucradas en violaciones a los derechos humanos.
Aún está por definirse el plazo exacto que tendrá la Iglesia católica para entregar la información ordenada. Sin embargo, la decisión ya está vigente y será de obligatorio cumplimiento.
Con esta sentencia, Colombia da un paso importante hacia la verdad y la justicia, y sienta un ejemplo de transparencia institucional frente a uno de los crímenes más graves: el abuso sexual infantil.
