La situación fiscal de Colombia atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. El reciente anuncio de las agencias calificadoras Moody’s Ratings y Standard & Poor’s (S&P), rebajando la calificación crediticia del país, ha encendido las alarmas sobre el rumbo económico del gobierno de Gustavo Petro. El epicentro de esta turbulencia: la fallida reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo y rechazada por el Congreso.
La advertencia de Petro
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), atribuyó directamente la rebaja en las calificaciones a la negativa del Congreso de aprobar su segunda reforma tributaria. “Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”, escribió Petro, señalando que la propuesta tenía beneficios tanto para las finanzas públicas como para el sector empresarial.
Se refería a la reforma hundida en 2024, que se sumaba a la ya aprobada en 2022 al inicio de su mandato. Sin embargo, esta segunda iniciativa no logró el respaldo necesario en el Congreso, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para incrementar su recaudación y cumplir con los compromisos fiscales.
Las razones de las calificadoras
La respuesta de las agencias internacionales no se hizo esperar. Moody’s redujo la calificación de Colombia de Baa2 a Baa3, situando al país al borde de perder el grado de inversión, aunque mejoró la perspectiva de negativa a estable. La firma advirtió que los déficits fiscales elevados, combinados con un crecimiento económico débil, han causado un deterioro proyectado de los indicadores de deuda del Gobierno, que se espera persista por varios años.
Por su parte, S&P fue más severa: bajó la calificación crediticia soberana en moneda extranjera de BB+ a BB, con perspectiva negativa. Esto implica que Colombia se aleja aún más de recuperar el grado de inversión perdido en 2021. Según S&P, el país muestra un deterioro constante de sus resultados fiscales, menor confianza de los inversores, mayor deuda pública y una creciente carga de intereses, factores que erosionan su estabilidad financiera.
El paquete de emergencia de Hacienda
En medio de este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el pasado 14 de junio un paquete de medidas para enfrentar la crisis. La más polémica: la activación de la “cláusula de escape”, que suspende temporalmente la regla fiscal, permitiendo desviaciones de las metas de déficit.
Además, Ávila anunció una nueva reforma tributaria que busca recaudar 19,6 billones de pesos (aproximadamente 4.745 millones de dólares) y un alza en el precio del diésel. Aunque el gobierno justifica estas decisiones como necesarias para estabilizar las cuentas, las agencias de riesgo lo ven como una señal de mayor debilidad institucional y falta de control fiscal.
¿Y ahora qué?
El ambiente político y económico en Colombia se vuelve cada vez más incierto. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo ha frustrado una reforma clave para fortalecer las finanzas públicas. Al mismo tiempo, la presión de las agencias internacionales limita el margen de maniobra del gobierno para adoptar medidas expansivas sin aumentar el riesgo país.
La pérdida de confianza de los inversionistas y la posibilidad de mayores costos para financiar la deuda pública podrían afectar directamente al ciudadano común, con impactos en tasas de interés, inversión extranjera y crecimiento económico.
El presidente Petro, por ahora, insiste en que su propuesta fallida era la solución y ha redoblado sus críticas al Congreso. Sin embargo, la urgencia de una nueva reforma tributaria consensuada es más apremiante que nunca. El país se encuentra en una encrucijada: o encuentra una fórmula política para asegurar la estabilidad fiscal, o corre el riesgo de hundirse más en la desconfianza internacional y la fragilidad económica.
