La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la escalada de violencia registrada entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander, donde distintos ataques armados dejaron víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, además de graves afectaciones humanitarias.
De acuerdo con la entidad, durante esos días se presentaron combates, hostigamientos, atentados con explosivos y un carro bomba, hechos atribuidos a diferentes grupos armados ilegales que provocaron desplazamientos forzados, daños en viviendas y riesgos para comunidades, especialmente indígenas.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en la vía entre Quibdó y Carmen de Atrato, en Chocó, donde 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN. Durante los combates murieron dos soldados y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos.
En Arauca, un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame, dejó dos uniformados y una mujer de la población civil muertos, además de nueve policías heridos.
Mientras tanto, en Vichada, un ataque armado contra el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer herida. La Defensoría también reportó desplazamientos de familias y la quema de varias viviendas.
La situación también se agravó en Norte de Santander, donde un carro bomba explotó cerca de una instalación militar en Tibú. La explosión dejó personas lesionadas, afectaciones emocionales a varios habitantes y daños en viviendas y establecimientos cercanos.
En Cauca, la entidad denunció hechos de presión contra comunidades por parte de grupos armados ilegales y nuevos hostigamientos contra la Fuerza Pública en zona rural del municipio de El Tambo, en medio de un escenario de alta tensión.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas afectadas, garantizar la atención integral a las comunidades y reforzar la presencia institucional. Asimismo, exigió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.
