La Defensoría del Pueblo alertó este viernes que la expansión de los grupos armados ilegales en el departamento colombiano de Nariño está amenazando la vida y la actividad de campesinos y mineros artesanales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que, a pesar de que los grupos armados en Nariño estaban enfocados en el negocio de la coca, la expansión de disidencias de las FARC y la disminución del precio de la cocaína ha supuesto un cambio de fuente de ingresos.
El defensor del pueblo trasladó estas preocupaciones durante la presentación del informe ‘Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal’ en la ciudad nariñense de Pasto.
Este documento aborda la necesidad de proteger la minería a pequeña escala, que cada vez está más amenazada por las máquinas de explotación criminal que solo en la zona del Triángulo del Telembí, en Nariño, suman más de 200.
Actualmente hay una disputa por el control de esas máquinas entre el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, y una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia -otra disidencia de las FARC- y las Autodefensas Unidas de Nariño.
Camargo afirmó que los grupos armados se han "aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas".
Añadió que con el cese al fuego entre el Gobierno y varios grupos armados se han generado más extorsiones y un aumento del reclutamiento de niños y niñas, "situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región".
Con las actividades mineras ilegales se ha afectado, según las fuentes militares, 49.500 metros cúbicos de suelo, que tardarán más de 30 años en recuperarse.
El Gobierno colombiano ha emprendido una campaña contra la minería ilegal y la extracción ilícita de minerales para detener esta actividad económica de la que viven en muchas zonas del país, pero que también está contaminando profundamente ríos y de la que se benefician muchos grupos armados.
De las 39 Alertas Tempranas emitidas el año pasado por la Defensoría en el país, 16 advierten de riesgos asociados a la minería ilegal, y en lo corrido de este año, de las diez alertas emitidas, cuatro se corresponden los mismos riesgos.
