La Defensoría del Pueblo radicó una demanda de nulidad contra la resolución presidencial que otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La acción, presentada ante la Sección Primera del Consejo de Estado, argumenta que la medida genera riesgos políticos y sociales y solicita la suspensión provisional urgente.
El recurso fue firmado por Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo desde agosto de 2024, quien actúa como representante legal de la entidad. La demanda busca la anulación de la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, expedida por la Presidencia de la República, que designó como gestores de paz a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar “Jorge 40”, Diego Fernando Murillo “Don Berna”, Carlos Mario Jiménez “Macaco” y otros exintegrantes de alto perfil de las AUC.
Argumentos de la demanda
En el documento radicado, la Defensoría plantea que la resolución otorga funciones institucionales a personas con antecedentes graves y cuya participación en procesos de justicia transicional ha sido cuestionada. Según la entidad, varios de los beneficiarios fueron excluidos de Justicia y Paz por reincidencia delictiva o incumplimiento de compromisos de verdad, reparación y no repetición.
La demanda afirma que la vigencia de la resolución tiene efectos sensibles sobre la estabilidad pública: “La necesidad de la suspensión provisional radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz.”
El texto también señala que la medida presidencial “altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves”, lo cual puede afectar la confianza ciudadana en el Estado como garante de los derechos humanos.
La acción judicial solicita que el Consejo de Estado examine la legalidad de la resolución y determine si la designación de exjefes de las AUC se ajusta al marco normativo vigente y al alcance del decreto presidencial que regula este tipo de figuras en el proceso de Paz Total.
Contexto de la designación
La Resolución 327 fue expedida tres meses atrás como parte de la estrategia del Gobierno para ampliar los interlocutores del proceso de paz. La figura de gestor de paz permite otorgar permisos, movilidad y participación en actividades asociadas a la política de paz, siempre bajo supervisión judicial.
Sin embargo, la inclusión de exjefes paramilitares —varios de ellos con extensas condenas y procesos pendientes— generó debate público y reacciones divididas entre sectores políticos, organizaciones de víctimas y organismos de control.
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Relevancia institucional de la demanda
El proceso ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar si la medida se ajusta al ordenamiento jurídico y si procede la suspensión provisional solicitada. La decisión será clave para definir los límites institucionales de la política de paz y el alcance de las atribuciones presidenciales.
