El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó con contundencia su malestar por el polémico acto público liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín, en el que compartió tarima con delincuentes presos como parte de su propuesta de “paz urbana”.
Las declaraciones del ministro no solo evidenciaron fisuras dentro del Gobierno, sino que también alimentan una ola de críticas sobre la dirección que está tomando el proyecto de “paz total” impulsado por el presidente.
Un acto que desató la polémica
El evento tuvo lugar en la ciudad de Medellín, donde el presidente Petro presentó su visión de un nuevo pacto social y urbano con la participación de cabecillas de bandas criminales actualmente en proceso de rehabilitación. Los reclusos, beneficiarios de la ley de justicia restaurativa recientemente aprobada, fueron liberados temporalmente para asistir a la tarima junto al mandatario y miembros del gabinete, incluyendo al ministro de Justicia y al propio Sánchez.
Según el presidente, el acto buscaba enviar un mensaje de reconciliación, y dar visibilidad a los esfuerzos legales para integrar a actores armados ilegales en un proceso de reparación y desarme. Sin embargo, la escena de criminales junto a representantes del Estado provocó indignación inmediata en distintos sectores políticos y sociales.
“Sentí indignación”: MinDefensa toma distancia
Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, fue claro en su posición durante una entrevista en Blu Radio señaló su inconformidad: “Cuando llegué al sitio sentí un poco de indignación”. Aunque reconoció que su presencia fue protocolaria como parte del equipo de Gobierno, aclaró que no comparte del todo el enfoque adoptado: “Mi misión está clara: aplicar la ley. No soy quien negocia con criminales”.
Estas palabras resultan particularmente relevantes porque reflejan una diferencia de fondo dentro del propio Ejecutivo. Sánchez se mostró incómodo al haber sido colocado en una situación donde tuvo que compartir escenario con delincuentes aún bajo condena judicial, lo cual, según analistas, podría interpretarse como una validación simbólica de sus crímenes.
Reacciones desde Antioquia: “Una afrenta a las víctimas”
La respuesta desde los entes territoriales no se hizo esperar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el acto como “un premio a la barbarie” y anunció que interpondrá acciones legales contra el Gobierno por lo que considera una burla al dolor de las víctimas. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que “subir criminales a una tarima oficial es una afrenta al Ejército, a la Policía y a todos los colombianos que han sufrido la violencia”.
Un escenario de creciente desgaste institucional
La indignación del Ministro se suma a otros frentes de crítica que actualmente enfrenta Petro. En simultáneo, el presidente lanzó una advertencia a las empresas por la aplicación de su reforma laboral, anunciando la supervisión de “mil inspectores” para garantizar su cumplimiento. Además, enfrenta nuevos cuestionamientos por su decisión de cambiar la empresa encargada del trámite de pasaportes, lo que podría derivar en un nuevo caos administrativo.
Por si fuera poco, el Gobierno derogó el polémico ‘decretazo’, pero anunció que impulsará una asamblea constituyente, un proyecto que genera suspicacias sobre la concentración de poder y la estabilidad institucional del país. Todo esto, mientras una figura política “peso pesado” que se perfilaba como aliada del presidente decidió no asumir un rol clave, señalando posibles diferencias internas.
Petro insiste en su proyecto de paz
Pese a la controversia, Gustavo Petro ha defendido su propuesta de paz urbana como una alternativa para romper los ciclos de violencia que azotan a ciudades como Medellín. “Los presos tienen derecho a rehabilitarse”, argumentó, asegurando que su Gobierno está comprometido con buscar soluciones estructurales a través de mecanismos legales.
No obstante, el malestar que expresó el ministro de Defensa no solo reafirma la incomodidad institucional frente a estas decisiones, sino que deja claro que el camino hacia la paz total no cuenta con una visión homogénea dentro del Ejecutivo.
