Las controversias continúan rodeando a las EPS, según el reciente informe de auditoría emitido por la Contraloría ha revelado prácticas financieras cuestionables de dieciocho Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.
De acuerdo con el informe, estas EPS desviaron cerca de 9 billones de pesos hacia rubros que no guardaban relación con la atención médica a lo largo de varios años.
Entre las irregularidades encontradas destacan los anticipos otorgados a clínicas y hospitales pertenecientes a las propias EPS, así como pagos millonarios a Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que no estaban relacionadas con los servicios brindados.
La Contraloría ha señalado que estos fondos, originalmente destinados para la atención médica, fueron utilizados en actividades no autorizadas, como inversiones o el pago de deudas acumuladas de años anteriores, acciones que están expresamente prohibidas.
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Ante el anuncio de la investigación por parte de la Fiscalía sobre las EPS implicadas en inversiones en sectores no relacionados con la atención médica, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) emitió un comunicado en el que destacó aspectos fundamentales en relación al pronunciamiento de la Contraloría.
"El pasado 19 de febrero, la Contraloría publicó un documento sobre la situación financiera de 26 EPS con las IPS, que revela presuntos indicadores financieros. Tres días después, el gremio remitió a la Contraloría sus observaciones, solicitando revisar la metodología empleada para garantizar la consistencia en la evaluación", se lee en el documento.
Asimismo, el gremio anunció que, "En el marco de la actuación especial de fiscalización al uso de los recursos de la UPC y los EPS girados por ARDES a las EPS, ha requerido a algunas EPS suministrar información para sustentar la correcta gestión administrativa y fiscal".
En suma, el gremio detalló que la CGR no ha publicado ningún informe de cierre de la actuación especial de fiscalización que revele hallazgos fiscales contra las EPS. "Los requerimientos de la CGR se centran principalmente en el uso de la fracción del gasto administrativo que forma parte de la UPC y que reciben las EPS para su funcionamiento".
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Además, este comunicado enfatizó que las EPS cuentan con múltiples mecanismos de vigilancia para conocer el uso de cada peso gastado, y los recursos son girados a través de cuentas maestras que permiten identificar movimientos.
Finalmente, el gremio destacó que todas las "acciones de los órganos de control son bienvenidas para garantizar el correcto uso de los recursos de la salud de los colombianos, siempre respetando el debido proceso".
Por su lado, La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral también reconoció "la delicada situación del sector de la salud, y se instó a los actores a asumir la responsabilidad en los mensajes transmitidos a la opinión pública, considerando la preocupación por la estabilidad y el futuro del sistema de salud".
