Un acto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector Alto del Rosario, en Honda (Tolima), terminó con la captura de una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que portaba un arma sin permiso.
La detenida fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, quien, según confirmó la Policía del Tolima, llevaba consigo una pistola al parecer calibre 25 mm, un cargador y cinco cartuchos, sin contar con autorización legal para su porte. La funcionaria fue aprehendida en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
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Perfil y trayectoria en el sistema penitenciario
De acuerdo con la investigación de El Tiempo, Joven Urbano ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017. Tras cumplir un periodo de prueba de dos años, fue inscrita formalmente en la carrera penitenciaria en marzo de 2019, mediante la Resolución 000650 de ese año.
Actualmente se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca), donde permanecen 2.644 personas privadas de la libertad.
Como integrante del cuerpo de custodia y vigilancia, su labor incluye el control de pabellones, la custodia de internos, la realización de requisas y traslados, así como la preservación del orden y la seguridad dentro del centro carcelario.
El Inpec precisó en un comunicado que la funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones cuando ocurrió la captura.
Una fuente de la regional central del Inpec confirmó que Joven Urbano cuenta con fuero sindical, al estar afiliada a la Asociación Sindical de Empleados del Inpec. Sin embargo, la entidad anunció la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias para establecer su situación interna.
En su pronunciamiento, el Instituto reiteró su compromiso con la legalidad y pidió que el caso no sea generalizado frente al actuar de los miles de funcionarios que cumplen su labor en el sistema penitenciario.
Por su parte, Johan Eduardo Pardo, líder de la Organización de Servidores Penitenciarios (OSP), señaló que el hecho reviste gravedad, pues los funcionarios públicos tienen prohibido realizar proselitismo político, incluso si se encuentran en vacaciones. Agregó que la reglamentación sobre el porte de armas para personal del Inpec aún está en proceso de definición por parte de la Presidencia de la República e Indumil.
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La consulta en el portal de la Rama Judicial indica que Joven Urbano no registra otros procesos penales en su contra ni antecedentes disciplinarios de relevancia. Tampoco figura como contratista del Estado.
En las próximas horas un juez definirá si la funcionaria es enviada a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su presencia armada en el evento político.
