La Fundación Universitaria San José se pronunció este viernes 23 de enero frente a las denuncias públicas realizadas por las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, relacionadas con la presunta expedición irregular de títulos universitarios. A través de un comunicado oficial, la institución rechazó cualquier actuación indebida y aseguró que ha colaborado de manera activa con las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.
El pronunciamiento se da en medio del escándalo que salió a la luz tras conocerse que Juliana Guerrero, quien estaba próxima a asumir el cargo de viceministra de Juventudes, habría obtenido un título universitario sin cumplir con los requisitos académicos exigidos. La revelación generó un amplio debate público sobre los controles en las instituciones de educación superior y el uso de títulos académicos en el acceso a cargos públicos.
En el comunicado, la Fundación Universitaria San José señaló que, lejos de encubrir irregularidades, fue la propia institución la que detectó inconsistencias en el proceso y denunció el caso ante las autoridades. Según explicó, actuó en ejercicio de su autonomía universitaria y de su responsabilidad institucional, al identificar un fraude del cual asegura haber sido víctima.
La universidad indicó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando documentos y soportes que hacen parte del expediente, entre ellos comprobantes de pago y recibos que, según la institución, evidencian las inconsistencias del caso. Asimismo, hizo un llamado a que las investigaciones avancen con celeridad para lograr un esclarecimiento total de los hechos.
La Fundación Universitaria San José también recordó que ha estado en plena disposición de colaborar con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo todos los requerimientos formulados en el marco de las revisiones adelantadas por esa cartera. En ese sentido, reiteró que su misión está orientada a brindar educación inclusiva y al servicio de estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian, como parte de su enfoque institucional.
El caso ha tomado relevancia nacional no solo por la figura pública involucrada, sino por las implicaciones que tiene en el debate sobre la transparencia en el sistema educativo y la confianza en las instituciones de formación superior. Las congresistas Pedraza y Juvinao han insistido en la necesidad de que se esclarezcan posibles responsabilidades y se determinen eventuales fallas estructurales que permitan este tipo de situaciones.
Finalmente, la Fundación reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la excelencia académica. En el comunicado aseguró que continúa fortaleciendo sus sistemas internos de auditoría, verificación y trazabilidad digital, y que avanza en un proceso de modernización institucional que incluye la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar mayor control y transparencia en sus procesos académicos y administrativos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político y educativo, y se espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
