Ante la ola de ataques registrados en los últimos días, el Gobierno Nacional activó un plan de acción institucional conjunto para identificar, capturar y judicializar a los responsables de los recientes atentados contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las autoridades reafirmaron que “ningún acto de violencia hará retroceder al Estado” en su misión de proteger la vida, la justicia y el orden constitucional.
Reunión de emergencia con la cúpula de seguridad
La reunión de carácter urgente tuvo lugar este domingo, convocada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Al encuentro asistieron el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán; el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez; la fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; y el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Juan Carlos Arias, además de otros altos mandos.
Durante la cumbre, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional presentaron las primeras hipótesis sobre los ataques ocurridos durante la última semana contra guardianes del Inpec y miembros de la fuerza pública vinculados al sistema penitenciario. Según los análisis, se trataría de acciones coordinadas por organizaciones criminales que operan de manera articulada en diferentes regiones del país. No obstante, los detalles específicos de las investigaciones permanecerán bajo estricta reserva para evitar filtraciones que afecten los procesos en curso.
Creación de un grupo especial de investigación
Como principal conclusión, las autoridades acordaron la creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía. Este equipo tendrá como misión desmantelar estructuras criminales que atentan directamente contra servidores del Inpec y la Policía, priorizando su persecución y judicialización.
Para fortalecer las labores de inteligencia, el Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos para ciudadanos que aporten información efectiva sobre los autores materiales o intelectuales de los atentados. Las denuncias podrán hacerse de forma confidencial a través de la línea 157, garantizando absoluta reserva para proteger a los informantes.
Organizaciones criminales serán objetivo de alto valor
En paralelo, el Ejecutivo declaró “objetivo de alto valor” a las organizaciones involucradas en los ataques, lo que implica priorización de su persecución y el despliegue de todas las capacidades investigativas. A nivel operativo, se pondrá en marcha una estrategia de protección reforzada para los guardianes del Inpec, acompañada de aseguramiento perimetral en cárceles de todo el país.
El Ministerio de Justicia y del Derecho también anunció medidas para evitar que decisiones judiciales “arbitrarias” obstaculicen el curso de las investigaciones, buscando cerrar vacíos legales que puedan favorecer a las estructuras criminales.
Nueva política criminal y tecnológica
Finalmente, el Gobierno pondrá en marcha un proyecto de política criminal enfocado en la seguridad carcelaria, que prioriza el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta iniciativa busca evitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios y, al mismo tiempo, proteger la vida y seguridad de los funcionarios del Inpec.
Con este plan, el Estado colombiano refuerza su postura frente a la acción de grupos criminales, enviando un mensaje claro: la seguridad penitenciaria y la protección institucional serán una prioridad en la lucha contra el crimen organizado.
