El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo al expedir el decreto 766, el cual implica recortes por un total de 20 billones de pesos destinados a las entidades que manejan recursos del Presupuesto General de la Nación. Esta medida surge como respuesta al bajo recaudo de impuestos y a decisiones recientes de la Corte Constitucional que han limitado la capacidad del gobierno para obtener los recursos necesarios para su operación.
Según lo establecido en el decreto, el recorte se distribuye de manera que el 67% afecta los gastos de funcionamiento, mientras que el restante 33% corresponde al presupuesto de inversión. Es importante destacar que este ajuste no impactará los proyectos que ya están en fase de ejecución y que han sido previamente contratados.
Lea también: Luis Fernando Velasco insta a Gustavo Petro a impulsar el acuerdo político en el país
Entre los sectores más afectados por estas medidas se encuentra el sector Defensa, el cual experimentará una reducción significativa en sus recursos. Asimismo, programas de gran impacto social como el Programa Renta Ciudadana y Jóvenes en Paz también verán ajustes considerables en sus presupuestos. El primero, que inicialmente contaba con un presupuesto de 941 mil millones de pesos, ahora se reduce a 223 mil millones de pesos. Mientras tanto, el presupuesto destinado a Jóvenes en Paz pasa de 566 mil millones a 379 mil millones de pesos.
Además, las transferencias monetarias dirigidas a la población en situación de pobreza se verán drásticamente reducidas, pasando de 9 billones de pesos a 223 mil millones de pesos. Igualmente, los recursos destinados a la atención e integración de la población de la economía campesina y popular, así como para algunos proyectos de infraestructura vial en el país, también sufrirán una disminución.
También le puede interesar: ¿Cuánto tiempo durará cerrado el piqueteadero de Doña Segunda por la DIAN?
Este decreto ha despertado diversas reacciones y debates sobre su impacto en los programas sociales y en la capacidad del gobierno para atender las necesidades prioritarias del país en un contexto económico desafiante. A medida que se implementen estos recortes, será crucial evaluar cómo afectarán realmente a los beneficiarios directos de estos programas y qué ajustes adicionales podrían surgir en el futuro próximo.
