El Gobierno de Guatemala se pronunció en contra de las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, rechazando tajantemente la decisión del tribunal local que las expidió.
Mediante un comunicado divulgado en la noche del lunes 2 de junio, las autoridades guatemaltecas calificaron la medida judicial como carente de “sustento legal” y la atribuyeron a una trama de corrupción originada en el propio Ministerio Público. “Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, señalaron.
Además, el Gobierno guatemalteco sostuvo que la decisión judicial es parte de un entramado para encubrir hechos de corrupción, que en su momento fueron objeto de investigación por parte de Camargo y Velásquez, cuando este último dirigía la Cicig. Las pesquisas los habían llevado a vincular a exfuncionarios de alto nivel con la constructora brasileña Odebrecht.
“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”, añade el comunicado.
Asimismo, se confirmó que ya se adelantan gestiones con el Gobierno colombiano para responder diplomáticamente a la decisión judicial: “Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la Nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluyeron.
Reacciones políticas en Colombia
La noticia de las órdenes de captura desató una ola de reacciones tanto del Gobierno colombiano como de sectores opositores. El primero en pronunciarse fue Iván Velásquez, quien recordó que tanto la fiscal general guatemalteca como el fiscal Rafael Curruchiche han sido señalados por corrupción: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).
Desde el oficialismo también hubo respaldo. El exvicecanciller Jorge Enrique Rojas afirmó que tanto Camargo como Velásquez están pagando el precio de su lucha contra la corrupción: “No les perdonan sus acciones contundentes contra la corrupción en Guatemala. Al ex ministro Iván Velásquez y a la Fiscal Luz Adriana Camargo les están cobrando la contundencia de las acciones realizadas entre 2014 y 2017 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implementada en ese país por la ONU”, escribió en redes.
Por su parte, desde la oposición, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez exigió la renuncia de Camargo: “Es insostenible tener una Fiscal General con una orden de captura activa, Luz Adriana Camargo debería renunciar y enfrentar sus líos judiciales por fuera del cargo. Un año de nula gestión, y ahora esto”, declaró.
Finalmente, organizaciones internacionales como Human Rights Watch también reaccionaron. La directora para las Américas, Juanita Goebertus, denunció que la acción judicial responde a una política de persecución en Guatemala: “Las órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz A. Camargo, Fiscal General de Colombia, hacen parte del patrón del MP [Ministerio Público] de usar la acción penal de forma arbitraria contra decenas de operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que han denunciado corrupción”, trinó.
