La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará en una audiencia como testigo a Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', quien fuera el máximo líder del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, y que se encuentra en una prisión estadounidense desde que fue extraditado en 2022.
La diligencia de la Sala de Reconocimiento se llevará a cabo entre el 9 y 11 de abril, en el centro de detención en el que se encuentra recluido en Estados Unidos, y su testimonio servirá como aporte del caso 03 que investiga los llamados 'falsos positivos' y también para el caso 06 por la persecución de miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica.
'Otoniel', acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico y por la de Colombia por multitud de crímenes y violaciones de derechos humanos, perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) antes de crear el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Por su parte, las AUC, quien según el informe final de la Comisión de la Verdad fue el grupo al que se le atribuyen más homicidios durante el conflicto, actuaron de puente o enlace para algunos de los crímenes de lesa humanidad que juzga la JEP, como el asesinato extrajudicial por parte de las fuerzas militares de jóvenes inocentes para ser presentados como bajas en combate ('falsos positivos').
Por eso, la JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes de la extinta guerrilla de las FARC, de agentes del Estado y de terceros civiles, considera que escucharle podría aportar detalles a los crímenes que ya están en investigación.
Úsuga ya fue escuchado como testigo por la JEP, en 2022, cuando se encontraba en Colombia, después de ser detenido en octubre de 2021 y antes ser extraditado en mayo del año siguiente. En ese momento, le preguntaron por el caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá, de donde es oriundo.
Ahora volverá a comparecer como testigo, lo que no significa que vaya a ser juzgado por esta justicia especial que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado ofrece suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
"Precisamente, en 2022, la JEP rechazó su sometimiento por falta de competencia. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el postulado no aportó las pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil", resaltó la JEP.
