Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado —primer suplente del presidente— de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., en medio de la crisis ambiental y social que enfrenta el departamento de Córdoba por la actual emergencia invernal. La decisión se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por el manejo del embalse durante las fuertes lluvias que han afectado a comunidades río abajo.
Acevedo, quien ha estado vinculado a Urrá por más de 33 años, había asumido el encargo el 28 de mayo de 2025. Su renuncia no implica su salida de la empresa, sino únicamente del cargo directivo que ocupaba de manera temporal. La carta tiene fecha del 10 de febrero, día en el que está prevista una reunión de la junta directiva de la hidroeléctrica para evaluar la situación y definir los siguientes pasos en la dirección de la compañía.
De acuerdo con fuentes del sector, la renuncia fue solicitada directamente por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en un contexto marcado por la presión política, el debate público y las investigaciones anunciadas por el Gobierno Nacional.
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En el documento, Juan Acevedo explicó que su decisión obedeció a una reflexión personal, institucional y ética. Señaló que su permanencia en el encargo podía desviar la atención de la emergencia que atraviesa Córdoba y afectar la estabilidad operativa de la empresa en un momento crítico.
“No es mi intención polemizar ni confrontar al señor presidente (…) considero que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”, escribió Acevedo en su carta de renuncia.
La salida del directivo se da en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y la hidroeléctrica. La noche del 9 de febrero, durante el consejo de ministros, el presidente Petro afirmó que entre 2020 y 2024 Urrá habría superado los volúmenes máximos permitidos, pese a advertencias técnicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Incluso, en mensajes publicados en la red social X, el mandatario calificó las descargas del embalse como un “crimen ambiental” y pidió la renuncia inmediata del gerente.
Acevedo había rechazado esas acusaciones en declaraciones previas a medios de comunicación. En entrevistas recientes aseguró que la operación del embalse evitó una catástrofe mayor en Córdoba y que, de no existir la hidroeléctrica, los impactos de las crecientes habrían sido más graves. Según explicó, desde el año 2000 Urrá ha controlado el 97 % de las crecientes del río y negó que en 2025 se hayan superado los niveles reglamentados.
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Además, sostuvo que al inicio del evento extremo el embalse se encontraba por debajo de la cuota máxima permitida y que la empresa ha actuado conforme a la normativa ambiental y los principios técnicos de la ingeniería hidráulica.
Ahora, la junta directiva de la Hidroeléctrica de Urrá deberá definir quién asumirá el encargo de la presidencia, mientras avanzan las investigaciones solicitadas por el Ejecutivo y se mantiene la atención sobre el impacto ambiental y social de la emergencia invernal en Córdoba.
