La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha solicitado el aplazamiento del juicio oral en su contra, programado para hoy 6 de febrero de 2025, argumentando la necesidad de más tiempo para analizar pruebas recientemente admitidas y por motivos de seguridad.
El abogado Jaime Granados presentó un documento ante la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en el que expone que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir interceptaciones telefónicas como prueba implica un cambio significativo en el material probatorio, lo que requiere una preparación más exhaustiva por parte de la defensa.
Granados señaló que la defensa recibió el 4 de febrero, a las 7:50 p.m., un documento de 180 folios relacionado con las interceptaciones, lo que no les ha permitido una revisión completa antes de la fecha prevista para el juicio.
Por ello, solicitó que el inicio del juicio se posponga hasta después del 17 de febrero de 2025. Además, el abogado pidió que tanto él como el expresidente Uribe puedan participar en las audiencias de manera virtual, debido a preocupaciones de seguridad y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales para realizar audiencias híbridas sin afectar el principio de inmediación.
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Este no es el primer intento de la defensa por aplazar el proceso. En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de queja presentado por la defensa que buscaba posponer una audiencia preparatoria, argumentando que la decisión de la jueza Sandra Heredia de no aplazar la audiencia estaba bien fundamentada y debía cumplirse de inmediato.
¿Por qué Uribe irá a juicio?
Uribe Vélez enfrenta un juicio por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El origen de este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares.
Sin embargo, en 2018, la Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que también inició una investigación contra Uribe, al considerar que existían indicios de que él y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado influir en testigos para que cambiaran sus declaraciones en su favor.
En 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, siendo la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente era sometido a tal medida. Posteriormente, en 2024, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación formal contra Uribe, señalándolo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá admitió como prueba en el juicio interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Cadena, realizadas en 2018. Estas grabaciones fueron consideradas clave para la decisión de la Corte Suprema de ordenar el arresto de Uribe en 2020.
La defensa de Uribe ha argumentado que dichas interceptaciones violan la confidencialidad entre abogado y cliente y ha solicitado su exclusión como prueba. Sin embargo, el tribunal determinó que Cadena no actuaba formalmente como abogado en esas conversaciones, por lo que las grabaciones fueron admitidas.
