Una investigación publicada por The New York Times reveló que una mina ilegal de oro, conocida como La Mandinga y atribuida al control del Clan del Golfo, habría operado en terrenos del Batallón Rifles 31, en el Bajo Cauca antioqueño. El Ministerio de Defensa ordenó una verificación inmediata para esclarecer lo ocurrido.
La mina ilegal que habría operado dentro de un batallón
El Ministerio de Defensa ordenó una investigación inmediata tras conocerse una denuncia sobre una presunta explotación ilegal de oro en predios de una unidad militar del Ejército Nacional en Antioquia. El caso involucra a la mina La Mandinga, que según una investigación periodística estaría bajo control del Clan del Golfo y habría avanzado hasta terrenos asociados al Batallón Rifles 31.
La información fue divulgada a partir de un reportaje publicado por The New York Times, que documentó con imágenes aéreas, registros de campo y testimonios la presencia de minería ilegal en una zona cercana a instalaciones militares. De acuerdo con lo revelado, la explotación de oro no solo funcionaba en inmediaciones de la base, sino que habría alcanzado áreas bajo control del Ministerio de Defensa.
¿Qué reveló la investigación?
La mina La Mandinga aparece señalada como una operación de extracción ilegal de oro en la que trabajadores usaban motores, mangueras de alta presión y otros elementos para remover tierra y obtener el mineral. Según los reportes, los mineros habrían pagado cuotas al Clan del Golfo para poder trabajar en el lugar, lo que convertiría la explotación en una posible fuente de financiación para esa estructura criminal.
Uno de los puntos centrales del caso es la cercanía entre la actividad minera y las instalaciones del Ejército. El reportaje citado por varios medios señaló que la explotación habría llegado a zonas internas o próximas al perímetro militar. También indicó que el comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que hubiera extracción de oro en predios de la base, aunque posteriormente habría constatado la presencia de actividad minera en el área.
El episodio abrió preguntas sobre el nivel de conocimiento, control o reacción de las autoridades militares frente a una operación ilegal presuntamente ubicada en terrenos de una unidad del Ejército. La investigación oficial deberá establecer si hubo fallas de control, omisión o algún tipo de relación irregular con economías criminales.
MinDefensa ordenó verificar el caso
Tras la publicación de la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que ordenó una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El funcionario afirmó que no se tolerarán vínculos entre miembros del sector defensa y economías criminales, ni omisiones frente al deber de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales.
Sánchez también advirtió que, si se comprueba alguna conducta irregular, omisión o relación con estructuras criminales, se actuará conforme a la ley. Según el Ministerio de Defensa, en lo corrido del año se han realizado operaciones en cerca de 2.500 minas ilegales y se han destruido alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para extracción ilícita.
El alcance de la denuncia
La denuncia no se limita al control territorial en Antioquia. La investigación también plantea que parte del oro extraído ilegalmente habría ingresado a cadenas de comercialización formal y llegado a mercados internacionales. Ese punto abre preguntas sobre los controles de trazabilidad del oro y sobre la forma en que economías ilegales pueden mezclarse con circuitos legales de comercialización.
Por ahora, la investigación oficial deberá establecer si La Mandinga operó efectivamente en terrenos del Batallón Rifles 31, cómo pudo avanzar hasta ese punto y si hubo fallas de control dentro de la unidad militar. También deberá determinar si se trató de una omisión institucional, una incapacidad operativa o un caso con posibles responsabilidades dentro de la Fuerza Pública.
