Las madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, participaron en este mes de mayo en un acto de reconocimiento de la verdad y reconciliación con exmilitares que cometieron estos terribles crímenes, en el municipio de Soacha, a las afuera de Bogotá.
Desde hace dos años la Comisión de la Verdad, que a finales de junio presentará su informe final sobre el conflicto armado en Colombia tras tres años de investigación sobre la historia reciente de la guerra, comenzó a trabajar junto a la organización de Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO), con el objetivo de crear acciones de "reconocimiento y dignificación de las víctimas", relacionadas con el asesinato extrajudicial de al menos 19 personas por parte de agentes del Estado - 14 en Soacha y cinco en Bogotá.
La organización de víctimas fue creada en Soacha en el 2010 y aparte de seguir en la búsqueda de justicia para sus seres queridos, ha apoyado a la Comisión en la construcción de un relato amplio sobre la verdad de años recientes, especialmente en medio de la política de Seguridad Democrática impulsada bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010).
Previo al llamado "Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha", las víctimas ya se habían reunido con los responsables de estos crímenes en tres ocasiones, de forma privada, además de "al menos 18 encuentros preparatorios", según informó la Comisión.
Previo al acto del martes el comisionado Alejandro Valencia, de la Comisión de la Verdad reveló que los hallazgos sobre estas ejecuciones extrajudiciales quedarán detallados en el informe final. Valencia afirmó que los falsos positivos que ya venían de la década de los 80, se cometieron entre 2002 y 2008 como parte de una “política de Gobierno”.
Fue precisamente gracias a las denuncias iniciales, en 2008, de las ahora miembros de MAFAPO que se fueron conociendo los primeros hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recientemente encontró evidencia detallada de al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, en 31 de los 32 departamentos de Colombia.
Para el acto realizado en la plaza central de Soacha, asistieron 11 responsables, entre ellos el retirado sargento del Ejército Sandro Mauricio Pérez, el exteniente coronel del Ejército Gabriel Rincón Amado, y el general retirado del Ejército, excomandate de la Trigésima Brigada del Ejército en Cúcuta, Paulino Coronado Gámez, entre otros.
La Comisión de la Verdad consideró que ahora se debe reconocer las responsabilidades individuales y colectivas sobre las ejecuciones extrajudiciales, además de "dignificar a quienes fueron estigmatizados, a las madres y familiares que recorrieron el país y a quienes en un principio no les creyeron sobre la desaparición de sus seres queridos".
Los “falsos positivos”, relacionado con términos militares de bajas en combate, fueron reconocidos como asesinatos de civiles por parte de "agentes del Estado" que luego fueron presentados como "integrantes de grupos armados al margen de la ley para mostrar resultados militares" según la Comisión. "Una herida en la sociedad colombiana y una huella vergonzosa en las Fuerza Pública", cuya misión es proteger a los ciudadanos y "respetar la constitución, las leyes y el Derecho Internacional Humanitario" agrega la Comisión.
Para la Comisión el acto, finalmente, busca reconocer el impacto del conflicto en la vida personal, familiar y comunitaria de los territorios, "una reflexión colectiva sobre la experiencia del conflicto armado interno y sus víctimas... Una reflexión sobre los mecanismos humanos, sociales, políticos, culturales e institucionales que deben reparar lo ocurrido".
La idea, incluso para llos familiares de las víctimas de estos asesinatos, tal como siempre lo han mencionado es "garantizar que la violencia no continúe y no se repita".
