Este jueves 7 de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de un comunicado oficial notificó sobre la sanción que Mattel Colombia S.A. recibirá por vulnerar el derecho de los consumidores al no informar de forma clara y oportuna sobre los peligros de uno de sus productos.
“Al constatar que esta empresa vulneró el derecho de los consumidores al no informarles sobre el riesgo real e inminente asociado al producto “F-P MECEDORA DE LUJO o ROCK ‘N PLAY SLEEPER”, sino que les dio a entender que las medidas adoptadas obedecían a una extensión de la garantía y no una campaña de seguridad, a pesar de que ésta se promovió en razón a la muerte de 30 niños en Estados Unidos”, menciona el documento.
Sin embargo, de acuerdo a este oficio no fue la única razón por la que la compañía será penalizada con una multa de $700.000.00 (Setecientos millones de pesos), pues la entidad pública encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados y los derechos de los consumidores mencionó también que:
“Se encontró que Mattel Colombia S.A. intervino en la campaña ordenando a los consumidores que retiraran 2 conexiones que hacían parte del producto con el fin de que este quedara inservible. En algunos casos requirió que el mismo fuera resguardado al menos 6 meses y en otros casos solicitó la retoma del producto a las oficinas de Mattel. Solo cuando todo lo anterior fuera acreditado, se hacía la entrega de un Kit de juguetes marca Fisher Price o en algunos casos la devolución del dinero, contrariando lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015”, explica la SIC en su comunicado.
Por otro lado, la entidad alertó sobre que la compañía no había cumplido con la obligación de: “Informar de manera directa e inmediata a los consumidores acerca de las medidas correctivas implementadas y los medios dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos, en el marco de la campaña de seguridad”.
Finalmente, la SIC también advirtió sobre que la investigación evidenció que la compañía había solicitado a algunos consumidores la presentación del recibo de compra como condición para acceder a la campaña de seguridad, lo que implica que “impuso condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos”, lo que infringe los protocolos determinados para estos casos.
