MinTIC plantea su posición sobre las plataformas de transporte

Jue, 02/02/2023 - 13:39
Las polémicas entorno al tratamiento de las plataformas digitales de transporte continúan en el país.

Los últimos días han sido de tensión entre el Gobierno Nacional, el gremio de taxistas y de los conductores de plataformas digitales de transporte como consecuencia del borrador de proyecto de ley que se filtró y que podría en cintura a los servicios digitales de movilidad con duras consecuencias para los conductores.

En el borrador del proyecto se específica que cuando se incurra en esta conducta, aplicará una multa superior a los 21 millones de pesos (500 UVT) para operadores, administradores y agentes del medio de comercio electrónico o plataforma. Además, para los dueños de la aplicación, dígase Uber, Didi o similares, esa multa podría ser hasta de 2.5 mil millones de pesos (6 mil UVT). 

No obstante, lo más polémico tiene que ver con las multas y sanciones para conductores y usuarios, a los que se les podría llegar a cobrar hasta $10’603.000 simplemente por utilizar la aplicación. De hecho esta sanción también aplicaría para establecimientos de comercio que sirvan como intermediarios de este servicio, quienes no cumplan con normas de transporte de mercancías y un largo etcétera.

Este documento se habría dado luego de un encuentro entre los taxistas con funcionarios del Gobierno Nacional, por tanto distintos representantes de los gremios se pronuncian al respecto. Además, la ministra TIC salió a rendir su opinión frente a las futuras disposiciones que tendría la medida.

“Colombia debe garantizar la neutralidad tecnológica. No podemos desconocer el papel de la tecnología en la vida de los ciudadanos a través de servicios de calidad que le brindan confianza a los usuarios; sin embargo, sí hace falta un marco regulatorio”, dijo la Ministra en un comunicado.

Así mismo, la directora de la cartera, destacó la importancia de la tecnología como generadora de productividad, nuevas fuentes de riqueza y calidad de vida; de ahí la importancia de generar “seguridad jurídica de tal manera que estos servicios tengan un marco legal que les permita crecer y desarrollarse en beneficio del ciudadano y del ecosistema”, explicó Urrutia.

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