ONU celebra avances en investigación sobre “falsos positivos”

Vie, 19/02/2021 - 14:30
Sobre las acusaciones realizadas por la JEP ante los casos de “falsos positivos” en Colombia, se pronunció la portavoz de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssel.
Créditos:
ONU/Daniel Johnson

Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como “falsos positivos”, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”, con este mensaje, Liz Throssel, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aprueban la investigación realizada por la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre los años 2002 y 2008.

Así lo dio a conocer en su estrategia de priorización dentro del caso 03 conocido como el de falsos positivos, donde contrastó las cifras que fueron entregadas por la Fiscalía General cuando el tribunal especial comenzó a estudiar el fenómeno.

La primera fase de investigación de este caso se concentró en seis territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Esta decisión, según la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.

El jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para enjuiciar crímenes cometidos durante el conflicto armado, anunció que estaba investigando los homicidios de 6’402 personas, un número mucho mayor a la cifra de 2’000, recibida inicialmente por esta jurisdicción para investigar.

Throssel a su vez también mencionó, “tomamos esta oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”.

Según el reporte que entregó la Fiscalía General en ese momento, eran 2.248 las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, con estos nuevos datos que entrega la JEP se indica que habría 4.154 víctimas más de los mal llamados falsos positivos, y que el 66% del total nacional de víctimas de concentró en diez departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.

El tribunal especial indicó que las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.

A pesar de esto, señaló que las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. 

"El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009", resaltó.

Sobre estas decisiones se manifestó también la funcionaria de la ONU, quien resaltó “celebro también la reciente decisión de la Jurisdicción Especial de imputar al ex Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes”.

Finalmente, el documento entregado por la funcionaria indica que “la Jurisdicción Especial para la Paz está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad que contribuirán a que Colombia aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones. Reiteramos que la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas es esencial para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”.

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